Bogotá, 30 jul – El activista ambiental colombiano Francisco Vera, líder del movimiento ‘Guardianes por la Vida’, señaló en una entrevista con EFE que “ningún Gobierno” en el país ha estado a la altura de proveer condiciones adecuadas para proteger a los defensores ambientales.
“De parte del Estado, no tenemos constancia de que hayan estado presentes. Nos preocupa este tema porque es un asunto que en Colombia destaca, porque es una situación sistemática que pone en riesgo la vida de los defensores. Tenemos constancia de la inoperancia de todo el Estado”, indicó el activista de 16 años, cuatro de ellos en el exilio.
Según estudios realizados por la ONG británica Global Witness, Colombia ha sido catalogado por dos años consecutivos como el país más mortífero del mundo para defender la tierra y el medioambiente.
El panorama
Entre 2016 y 2024, fueron asesinadas 248 personas defensoras de derechos humanos solo en Colombia, de acuerdo con informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la región.
Asimismo, Global Witness realizó una encuesta entre defensores ambientales en la que el 72 % de los participantes afirmaron recibir hostigamientos y amenazas por redes sociales. En la mayoría de los casos, el acoso se trasladó del escenario digital al físico.
«La violencia contra defensores va mas allá del asesinato», recalcó Vera, quien subrayó que eso es precisamente «lo que se quiere reivindicar», y agregó que «las redes sociales están cobrando relevancia y protagonismo en este asunto».
En su caso, Vera recibió cuatro amenazas durante la última semana, que no vienen de cuentas anónimas ni de perfiles desconocidos, sino de personas reconocidas públicamente que lo «amenazan de muerte sin consecuencias vinculantes».
El joven destacó que el suyo no es un caso único, sino que se trata de un ‘modus operandi’ que se repite en todo el país, con ejemplos recientes en Santurbán (noreste) y Jericó (suroeste), donde los defensores ambientales son objeto de hostigamiento, persecución y campañas de difamación sistemáticas que los perfilan “como si fueran guerrilleros”.
El llamado
Con esto en mente, Vera solicitó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 22 de julio para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes defensores de derechos humanos en América Latina y el Caribe.
En dicho encuentro, participaron Vera y Hanna de Ávila, del movimiento ‘Guardianes por la Vida’; así como Oscar Mauricio Capaz Pardo, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca en Colombia, conformada por 22 territorios y sus comunidades.
A ellos se les unió Joaquín Salinas, miembro de la Fundación Escazú Ahora, una organización con sede en Chile que trabaja por la protección del medioambiente en América Latina y el Caribe desde el año 2020.
En la audiencia, los cuatro niños expusieron temas coyunturales, como la manera en la que el reclutamiento armado en Colombia afectaba la defensa del medioambiente, la perspectiva de los niños indígenas en este asunto, así como las desapariciones de activistas en Chile.
Vera también hizo un llamado a mecanismos de protección y a la CIDH para que avancen en priorizar casos de amenazas a niños y niñas defensores del medioambiente, debido a que el desarrollo es aún más frágil y vulnerable para que accedan a la justicia.
Sobre su situación particular, explicó que lleva cuatro años en el exilio “sin que la Fiscalía y los órganos de justicia hayan avanzado significativamente”.
Para el comisionado de la CIDH, José Luis Caballero, la audiencia fue histórica y relevante porque trajo una perspectiva diferente, ya que siempre se habla del tema de defensores, pero “nunca se había hablado desde la visión de los niños”.
Además, destacó que fueron los propios niños de Chile y Colombia quienes se organizaron para exponer, visibilizar y abordar la situación de niños, niñas y adolescentes que defienden la naturaleza y los derechos humanos en la región.
Por su parte, el gerente de derechos humanos de la organización juvenil Life of Pachamama, Sebastián Herrán, resaltó que la implementación de los acuerdos que puedan surgir de estas discusiones con la comunidad debe venir de la mano de la sociedad civil.
“El primer paso es que las personas entiendan qué es lo que están diciendo (…) Si, por ejemplo, aquí en Colombia no tienen acceso para saber que esto está sucediendo, se va a quedar en un papel más, en un tratado lejano a sus realidades”, concluyó.
Sebastián Montes
EFE