Foto tomada de Contagio Radio

Equivocadamente se ha creído desde la  institucionalidad  que las medidas de protección y seguridad para personas amenazadas en Colombia, se basan única y exclusivamente en el otorgamiento de carros, escoltas, celulares, chalecos blindados y apoyos de transporte.

La verdad es que ninguna medida de protección funcionara realmente debido a cuatro causas principales:

1.Mientras las estructuras ilegales armadas que han provocado  las amenazas generadoras del riesgo, continúan ejerciendo su actividad criminal en los territorios donde a su vez actúan sus víctimas, ejemplo de esto se vive en, Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, entre otros.

2.   La existencia de la nómina paralela y por ende la connivencia de un sector de la institucionalidad con la ilegalidad armada.

3.Las malas actuaciones de la Justicia que permiten en muchos casos “jugosos  acuerdos” con los criminales y en muchos otros ni siquiera realizan una investigación seria, lo cual genera impunidad.

4.      Los intereses particulares que están por encima del interés público, me refiero en especial a la forma como el Gobierno Nacional y muchos Gobiernos Departamentales y Municipales, maquillan las cifras de violencia y criminalidad en Colombia, buscando hacer “mejorar” la percepción de seguridad ciudadana, aunque la realidad diste mucho de las cortinas de humo y verdades a medias que se levantan y construyen para mantener una “imagen positiva” de los mandatarios. Quiérase o no reconocer las estructuras criminales tienen injerencia directa e indirecta en más del 80% de la geografía colombiana, ¿Dónde podrán estar seguros y protegidos quienes los enfrentan?

Mientras este tipo de causas no se solucionen, las medidas de protección y seguridad seguirán siendo paños de agua tibia. Mal hace el Estado en tratar de evadir la discusión sobre que son las REALES GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN de los amenazados en nuestro país.

Aanalisisurbano.com.co

A continuación la periodista Marta Ruiz ubica la situación de los amenazados.

Tomado de la Revista SEMANA

Amenazados

Por Marta Ruiz

OPINIÓN Y el Gobierno se siente tranquilo porque tiene unos esquemas de protección aceptables, mientras los criminales siguen sueltos y haciendo política.

En las últimas páginas de la Historia de un entusiasmo, la escritora Lwpa Restrepo cuenta que en 1985, mientras se volvía trizas el proceso de paz de Belisario Betancur con el M-19, ella tuvo la oportunidad de entrevistarse con el presidente y anunciarle que salía para el exilio porque no aguantaba las amenazas en su contra. Aprovecharía su estada por fuera para escribir un libro. Entonces Betancur, con la frivolidad que caracteriza a nuestros gobernantes le dijo: “Cuente con una beca de mi gobierno para escribir el libro”. Restrepo, como es apenas lógico, declinó tan extraño ofrecimiento. En un país normal, al presidente le causaría vergüenza que sus intelectuales tengan que emigrar por miedo a ser asesinados en cualquier esquina.

Tres décadas después, poco ha cambiado. Esta semana la investigadora Claudia López tuvo que salir del país por amenazas de muerte. Su nombre se suma a los de León Valencia, Ariel Ávila y Gonzalo Guillén, quienes en junio fueron advertidos por el propio gobierno de que por Bogotá andaba suelto un sicario al que ya le habían pagado para matarlos.

¿La razón? Les querían cobrar el haber denunciado que el gobernador de La Guajira, Kiko Gómez, al parecer mantiene vínculos con la mafia del narcotráfico y de la gasolina en su región.

En su momento, León Valencia y los demás salieron del país, mientras el Gobierno se rasgaba las vestiduras por la libertad de expresión y anunciaba exhaustivas investigaciones. Hasta ahora no ha pasado nada. Excepto que los amenazados tuvieron que regresar. Porque, contrario a lo que mucha gente piensa, el exilio no es ninguna vacación chévere, ni se trata de tener becas para escribir libros. A quienes les toca echar los chiros en una maleta y salir de afán, como lo hizo Claudia López esta semana, se les vuelve añicos la vida. Es que, además de periodistas o analistas, también tienen madres enfermas que visitar, empleos y contratos por los cuales responder para poder sobrevivir, hijos a quienes ver crecer y que no pueden estar de aquí para allá con ellos, amigos con quienes conversar. Nostalgias, amores, apegos, como todo el mundo. Entonces, a pesar del riesgo que corren, terminan por volver.

Porque finalmente este paisito, con todo y sus sicarios, es el que ellos quieren para opinar. Y es a los políticos de acá y no a los de Cafarnaum a los que quieren denunciar. Así las cosas, les toca aceptar lo único que el Gobierno tiene para darles: un carro y unos escoltas. Entonces dos o tres tipos armados se les ponen a la pata y la intimidad deja de existir. Sus vidas se van llenando de precauciones y temores.

Hasta cuando terminan por acostumbrarse a vivir escoltados y los demás empezamos a ver como normal que los intelectuales estén rigurosamente custodiados. Como si eso no fuera anómalo.

Y el Gobierno se siente tranquilo porque tiene unos esquemas de protección aceptables, mientras los criminales siguen sueltos y haciendo política. Y nadie los toca porque como vienen las elecciones, qué tal que esos grandes caciques se vayan con sus votos para otro lado. Para que vean cómo funciona hoy ese aterrador imperio de la mafia en Cesar, Magdalena y La Guajira, lean el reportaje de publicó recientemente La Silla Vacía (Ver aquí: El fantasma de un sueño mafioso acosa al Cesar).

A lo mejor Claudia López se fue porque no quiere vivir más con escoltas. Durante sus estudios de doctorado en Estados Unidos se había liberado de ellos y al regresar dijo que no quería más esos esquemas. Pero le tocó. Si es que quiere vivir en Colombia y seguir deliberando aquí. O callarse, como quieren sus malquerientes. Cosa que veo difícil.

Queda muy mal el Gobierno advirtiéndole a este grupo de periodistas y líderes que todavía no sabe quién quiere matarlos, o silenciarlos, o en todo caso, enredarles la vida. Y pidiéndoles, en la práctica, que aprendan a vivir, o quién sabe si a morir, en estado permanente de amenaza.

(Ver aquí: El fantasma de un sueño mafioso acosa al Cesar).

Tomado de la Silla Vacia

La Plaza Alfonso López de Valledupar, testigo silencioso del drama que viven muchos comerciantes de la ciudad.

En una de sus visitas a La Guajira, el presidente Juan Manuel Santos y el entonces ministro Germán Vargas Lleras se tomaron una particular foto con el Gobernador de La Guajira: los tres aparecen al lado de otro funcionario, sonrientes, con las manos una encima de la del otro, como una señal de trabajo en equipo. Hoy es casi imposible que alguien en el Gobierno Nacional se vuelva a tomar esa foto, después de que hace unos meses la revista Semana vinculó a Kiko Gómez Cerchar con el supuesto líder de una banda criminal dedicada al contrabando de drogas, armas y gasolina, llamado Marcos Figueroa alias ‘Marquito’.

Este es el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, acompañado del Presidente Santos.

La portada de la revista titulada ‘Un Gobernador de miedo en La Guajira’ hizo a buena parte del país mirar por unos minutos hacia La Guajira. «Ahora hay más controles en la frontera y problemas para cruzar la gasolina de un sitio a otro”, le dijo a La Silla un periodista que conoce lo que pasa en ese departamento. “Kiko se asustó y ahora está prevenido”, agregó por su parte un investigador que ha trabajado el tema.

La mamá del Gobernador, Cielo Gnecco, es la primera gestora social del departamento.

Por eso ahora más que nunca estas bandas criminales están buscando escampadero abajo, en el Cesar. Y eso se nota. En las cifras como las de los homicidios, pero sobre todo en el ambiente entre los habitantes y funcionarios que sólo aceptan hablar bajo el compromiso inapelable de omitir sus nombres. La ley del silencio.

Es el oscuro panorama de La Guajira que se reedita. Aunque históricamente, por su vecindad con Venezuela y La Guajira, el Cesar siempre ha vivido de un contrabando de mercancía que poco se había cuantificado y que estaba en manos de buena parte de los habitantes, de unos cuatro años para acá el monopolio del negocio lo tienen la guerrilla y las bandas criminales. Por sus vías corren todos los meses 10 millones de galones de gasolina ilegal que sirven de combustible al poder de los capos que deciden sobre la vida y la economía de todo el que ahora participa en el negocio, que ya no es exclusivo de La Paz y Valledupar sino que se extendió a los 25 municipios, a Santander y al sur de Bolívar.

En las calles de los populosos barrios de Valledupar Las Manuelitas, Primero de Mayo, San Martín, Siete de Agosto se ven cuadras enteras de pimpinas de gasolina ilegal en las puertas de las casas. Así no más. A la vista del que pase. Sin ningún problema. Como si la Policía no existiese. Y tampoco el Gobernador, el Alcalde, la DIAN, el Gobierno Nacional.

Las pimpinas son puestas en las puertas a eso de las 5 de la mañana y hasta que se oculta el sol. Los carros llegan a tanquear. Quienes ofrecen el tanqueo, sentados en las puertas de esas casas, son hombres, mujeres y a veces niños. Es una empresa ilegal familiar.

El negocio de la gasolina ilegal es más rentable que el de la cocaína, nos dice un taxista que nos llevó a recorrer estos barrios. Un taxista, por supuesto, sin nombre. “Aquí el galón cuesta entre 4.300 y 4.800 pesos, mientras que en la bomba legal vale 11 mil pesos. ¿Cómo no voy a venir a tanquear aquí?”, se pregunta el hombre y enseguida cuenta que estas familias muchas veces son extorsionadas por los mismos contrabandistas que les venden el producto y por la Policía.  

Los homicidios están disparados. Entre enero y mayo de este año aumentaron en un 33 por ciento frente al mismo período del año anterior. Parte de la explicación extraoficial al fenómeno es, precisamente, la acción extorsiva de estas organizaciones criminales.  “Aquí convivimos con las siete plagas de Egipto”, dice un señor en voz baja desde Valledupar. Un señor a secas, sin nombre. Porque en estas tierras nadie dice esas cosas con nombre.

“Las plagas de Egipto” no sólo trafican y manejan la extorsión. Además hacen las veces de sector financiero prestando dinero a los mismos microempresarios a los que después extorsionan, bajo la famosa modalidad de “pago diario” o “gota a gota”. Como si fuera poco, la delincuencia común pesca en río revuelto y cobra vacunas a nombre de bandas emergentes. “Esta pesadilla es como un demonio de mil cabezas”, resume José Luis Urón, el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar y una de las pocas fuentes que se atreve a hablar sin que se omita su nombre.

“Recientemente, hemos empezado a observar cambios de dueño y cierres de locales comerciales prósperos, sin mayor explicación”, dijo una de esas fuentes (es un empleado de la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco- seccional Cesar) a La Silla.

Tristemente, el Cesar ya tenía doctorado en mafias gracias a los imperios que la guerrilla, primero, y los paramilitares y parapolíticos, después, montaron en el departamento para saquearlo y dominarlo.

Ahora “las plagas” y el “demonio de mil cabezas” se están creciendo bajo el paraguas de dos antecedentes: el primero es el escándalo mediático que golpea al gobernador de La Guajira, Kiko Gómez Cerchar, quien fue vinculado a un tenebroso capo del contrabando de gasolina. Y el segundo es que hoy todo ocurre durante la gobernación de un gobernador (Luis Alberto Monsalvo Gnecco) de 36 años que representa el poderío de una de las familias más cuestionadas del departamento, algunos de cuyos miembros también han sido vinculados a las mafias y cuyo líder tenía el sueño mafioso, paramilitar y parapolítico de fundar el “Magdalena grande”.

El sueño del “Magdalena grande”

Venta de gasolina ilegal (al fondo se ve el niño de la familia que atiende este negocio), en un barrio populoso de Valledupar, a la vista de todo el mundo.
Jorge Gnecco Cerchar era un conocido hombre guajiro del sur en el Cesar. Era el cerebro, el líder, de una familia proveniente de Papayal. Su clan bajó al Cesar hace unos 40 años, amasó fortuna supuestamente con el contrabando y en Valledupar ha tenido una rivalidad política histórica con la familia Araújo Castro. Jorge Gnecco Cerchar el tío del actual Gobernador y pariente de Kiko Gómez Cerchar, también guajiro del sur.

Kiko Gómez Cerchar al parecer está muy golpeado por las notas que lo vinculan al contrabando de gasolina, un asunto que él siempre ha negado.

Y era más que un hombre conocido. Su nombre y el de su hermano Nelson han sido mencionados por líderes paramilitares como Salvatore Mancuso y en documentos como el libro ‘Los jinetes de la cocaína’, como contrabandistas y como los principales impulsores de la llegada del paramilitarismo al departamento. Fue asesinado en 2001 por su supuesto exsocio ‘Jorge 40’, quien luego declaró que éste era homicida y narcotraficante.

Tenía un sueño mafioso, paramilitar y parapolítico que no alcanzó a cumplir y que le relató a La Silla una fuente que lo escuchó de su boca.

Jorge Gnecco Cerchar quería fundar el “Magdalena grande”, un proyecto criminal que consistía en poner gobernadores y alcaldes en La Guajira, el Cesar y el Magdalena, y hacer elegir congresistas de la región para crear un gran bloque que le diera poder a nivel nacional y protegiera las rutas del contrabando.

“Jorgito (como le decían) Gnecco decía que si poníamos a los gobernadores de los tres departamentos y montábamos de tres a cuatro senadores y unos ocho representantes, crearíamos una fuerza que fácilmente podía exigirle al Presidente dos ministerios. Lo dijo durante el Gobierno de (Ernesto) Samper con quien decía tener una amistad”, detalló la fuente.

Evidencia de que Jorge Gnecco Cerchar intentó cumplir su sueño podría ser que por la época Lucas Gnecco, su hermano, fue dos veces gobernador del Cesar (luego, recibió tres condenas, una a 24 años de cárcel por la suscripción irregular de millonarios contratos y por constreñimiento al elector).

Pepe Gnecco, su otro hermano, quiso ser gobernador, fracasó y finalmente llegó al Senado (el 23 de julio de 2001 firmó el Pacto de Ralito, un acuerdo de más de 100 dirigentes políticos de la Costa con los paramilitares para “refundar la patria”. Fue investigado por eso y luego el proceso se archivó).

Hugo Gnecco Arregocés, su primo, fue alcalde de Santa Marta (luego, estando prófugo de la justicia en Venezuela, fue condenado a nueve años de cárcel por prevaricato y celebración indebida de contratos).

Y su cuñado, Rafael Bolaños Guerrero, fue gobernador del Cesar en 2001, el mismo año en el que Jorge Gnecco Cerchar fue asesinado (Bolaños está casado con una hermana de Cielo Gnecco Cerchar, la mamá del actual gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco. No pudo terminar su periodo porque fue destituido por la Procuraduría. Según la Procuraduría, Bolaños usó el cargo para que a través de la figura de la primera dama, que ocupaba Cielo Gnecco, se apoyaran las aspiraciones políticas de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien aspiró -y llegó- a la Cámara de Representantes en 2002 en la misma lista del condenado por parapolítica, Álvaro Araújo Castro con quien hicieron acuerdos políticos ese año).

Dos curiosidades: Cielo Gnecco también funge como primera dama en la actual Gobernación del Cesar y Rafael Bolaños no sólo asesoró la campaña del actual gobernador, sino que fue su Secretario de Salud hasta el año pasado y llegó incluso a ser gobernador encargado por Monsalvo Gnecco.

Quisimos hablar con él, con el Gobernador Monsalvo Gnecco, para consultarlo por esta historia y su en dos ocasiones su jefe de prensa quedó en devolvernos la llamada pero, al momento de esta publicación, aún no lo ha hecho.

Dos investigadores de una ONG experta en el tema paramilitar, un periodista de Valledupar y dos políticos del Cesar le aseguraron a La Silla que alias ‘Marquito’ Figueroa trabajó en sus inicios con Jorge Gnecco Cerchar. Fue su lugarteniente y luego de eso se fue al estado de Zulia, en Venezuela, y empezó a labrarse un camino propio como delincuente.

‘Marquito’ Figuera es un mito por las calles de Valledupar. Como pasa en La Guajira, aquí también dicen que es el capo de capos que controla las vías del contrabando en el Cesar, La Guajira y el Magdalena.

Dicen que es el dueño de las rutas, que negocia igual con la guerrilla que con los nuevos paramilitares y que no es que tenga la exclusividad del contrabando sino que su organización lo que hace es cobrar “peaje” a todo el que quiera contrabandear. Así, los camiones que traigan gasolina u otra mercancía ilegal le pagan una tarifa, los carrotanques otra, igual que las camionetas o los vehículos.

De todo se dice de este personaje en las calles de Valledupar. Pero el comandante de la Policía del Cesar, el coronel Pablo Guerrero, dice que no lo conoce. “No se quién es alias ‘Marquito’. Quienes hablan de él deberían venir a poner la denuncia”, le dijo a La Silla hace una semana. Y agregó que este año se han hecho 50 capturas “por extorsiones de épocas pasadas” y 150 capturas a miembros de bacrim.

A principios de mes, en un evento de la red de Cámaras de Comercio en Manizales, José Luis Urón el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar había dicho en un discurso frente al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón: “ A mi me da tristeza ver pasar los convoy de contrabando de gasolina al frente de los comandos de Policía. Y algo que le debería decir en privado (dirigiéndose al Ministro Pinzón) se lo voy a decir en público: esa acción criminal se convirtió en un negocio para muchos miembros de la Fuerza Pública”.

Según ese discurso de Urón (cuyo video se puede ver aquí), el Ministro Pinzón reconoció que cuando mandaba a poner retenes para controlar el contrabando de gasolina lo llamaban de gobernaciones y alcaldías de la región para levantarlos: “Eso es una verguenza nacional”, remató Urón, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar (que observa a 12 mil comerciantes de la ciudad, la mitad de ellos informales) desde hace poco menos de tres años.

La figura a la que muchos relacionan con semejante poder es la de alias ‘Marquito’ Figueroa, quien al parecer se mueve igual de bien por las vías de La Guajira que por las del Cesar.

Y no sólo Figueroa se mueve bien en el Cesar. Como casi todos los guajiros del sur, el gobernador Kiko Gómez tiene gran afinidad con este departamento, especialmente con sus parientes los Gnecco Cerchar.

Kiko Gómez Cerchar, como lo contó La Silla, hizo lobby y fue determinante para que Luis Alberto Monsalvo Gnecco (el gobernador del Cesar) fuera elegido este año presidente de la Federación de Departamentos, justo el año en el que el programa anticontrabando de ese gremio llegará a La Guajira. Y lo logró a pesar de que se había decidido que este año el presidente sería el gobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

La amistad de Kiko con los Gnecco Cerchar llega al punto en que ese Gobernador fue uno de los invitados de honor, el pasado 17 de agosto, al cumpleaños de Cielo Gnecco Cerchar en la casa de eventos llamada Las Marías en donde se día tocaron artistas vallenatos como Silvestre Dangond y Jorge Oñate.

¿Se cumplirá el sueño?

Así se vende la gasolina ilegal en las calles de Valedupar.

Luis Alberto Monsalvo Gnecco, que tiene a cargo un presupuesto de 414 mil millones de pesos, nunca ha estado vinculado a las actividades con las que se relaciona a parte de su familia. No es casado, no tiene hijos, su madre hace las veces de primera dama y su padre Luis Alberto, un ex chofer de los Gnecco Cerchar, es un importante terrateniente dueño de dos estaciones de gasolina.

Sin embargo, en Valledupar es vox pópuli que quienes supuestamente mandan en la Gobernación son su hermano José Jorge y su mamá Cielo Gnecco Cerchar, quien tiene una oficina muy cerca de su despacho. “En la Gobernación no se mueve una hoja sin la aprobación de Cielo, a quien le consultan incluso la contratación de un celador”, le dijo a La Silla un funcionario de un organismo de control.

Ese mismo funcionario nos contó que la Gobernación de Monsalvo Gnecco “tiene muy buena relación con el contralor departamental, Gustavo Aguilar Valle, quien aún no ha hecho el primer control fiscal a la gestión del Gobernador”.

“En la Contraloría departamental no le han dicho a nadie que no haga los controles ni vigile, pero eso se sobreentiende porque los Gnecco ayudaron al Contralor a llegar… de la Gobernación, sabemos que casi toda la contratación la maneja José Jorge, el hermano del Gobernador. Por eso, uno siempre escucha que al referirse a contratos los interesados dicen ‘eso es con José Jorge’”, añadió la misma fuente.

Monsalvo Gnecco llegó con el aval de La U (compitió por ese aval con su tío Pepe Gnecco), alcanzó 174.712 votos y fue asesorado en campaña por JJ Rendón, el mismo asesor de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

Por esa época llamó la atención de la corporación Arco Iris (que hizo un mapa de riesgos electorales) por su cercanía con el empresario del chance en el Cesar Benjamín Calderón, quien según Arco Iris es amigo cercano de la condenada empresaria del chance en la Costa Enilce López, alias ‘La Gata’.

Su contendor más cercano era Arturo Calderón, quien fue apoyado por su tío Lucas Gnecco Cerchar lo que evidenció una división en el clan familiar. Sin embargo, el hijo de Lucas, el representante José Alfredo Gnecco, sí apoyó a su primo Luis Alberto Monsalvo Gnecco y de hecho está montando su campaña al Senado acompañando a su primo el Gobernador a cuanta inauguración puede en el Cesar.

José Alfredo Gnecco y Luis Alberto Monsalvo Gnecco son parte, pues, del mismo proyecto político que está definiendo otras candidaturas al Congreso para apoyar y que por ahora tiene el manejo de la Gobernación del Cesar y total cercanía con la Gobernación de La Guajira.

Un líder de un sector en la región (de nuevo, con el compromiso de no divulgar su identidad por temor) nos dijo que de todas maneras la lupa por lo que está pasando en el Cesar no puede apuntar exclusivamente a la familia que hoy, con los Araújo acabados políticamente y ‘Jorge 40’ extraditado, maneja el departamento. Ni tampoco al Gobernador de La Guajira o a alias ‘Marquito’.

“¿Y dónde está la Fuerza Pública, y el Gobierno Nacional, y la DIAN? ¿Por qué no han tomado medidas? Una Gobernación bandida dura un periodo. ¿Dónde está el resto del país?”.