Bogotá, 27 de abril de 2022.- El general retirado del Ejército colombiano Paulino Coronado reconoció este miércoles por primera vez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su implicación en el asesinato de jóvenes inocentes presentados como guerrilleros muertos en combate, los llamados «falsos positivos», en una declaración a medias donde echó balones fuera.
«Pasaré a la historia como el primer general condenado (…) por circunstancias que jamás debieron ocurrir», dijo Coronado durante la audiencia de reconocimiento de cargos que celebró este miércoles por segundo día consecutivo en Ocaña (Norte de Santander, noreste) este tribunal especial creado para juzgar crímenes de guerra durante el conflicto armado.
Coronado es el cargo militar más alto de los 11 efectivos del Ejército y un civil imputados por la JEP en un auto del pasado 6 de julio donde se les responsabiliza de al menos 120 asesinatos de «falsos positivos».
Las víctimas eran jóvenes de bajos recursos de la zona o traídos desde Soacha, ciudad aledaña a Bogotá, hasta Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, donde entre 2007 y 2008 militares de tres unidades que operan en la convulsa región del Catatumbo los asesinaron y los presentaron como bajas guerrilleras.
RECONOCIMIENTO «POR OMISIÓN»
Coronado era brigadier general cuando ocurrieron los hechos y hoy reconoció su papel «como máximo responsable de la Brigada 30» en la audiencia celebrada en Ocaña, que se prolongó por más de 10 horas.
«Así sea por omisión asumo esta responsabilidad», aseguró durante más de 20 minutos de declaración en la que incidió en lo de «omisión» y aseguró que solo conoció los crímenes cuando fueron revelados por el entonces ministro de Defensa, el hoy expresidente Juan Manuel Santos.
Las declaraciones, que son necesarias como paso previo en el proceso de justicia restaurativa y para que se les pueda aplicar una sanción que no es privativa de libertad, causaron estupefacción ante la audiencia, compuesta por familiares de algunas de las víctimas.
Según la JEP, al menos 6.402 jóvenes inocentes fueron engañados con promesas de falsos trabajos y ejecutados por miembros del Ejército para mejorar las estadísticas de lucha contra la guerrilla y recibir recompensas a cambio.
«Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 en Cúcuta, uno de los responsables de dichos casos y quien estuvo en la audiencia, niega haber tenido información sobre las denuncias», relató la directora de la Asociación Minga, Diana Sánchez, quien ha seguido el proceso y acudido a audiencias previas privadas donde sí reconoció saber que se estaban cometiendo esos crímenes.
La defensora de derechos humanos aseguró que «esto solo demuestra su falta de voluntad con la verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz».
EL DESPUNTE DE LA JORNADA
Este testimonio, el más esperado por la alta jerarquía del mando, ha sido la sorpresa después de dos días en los que el resto de militares han reconocido sus crímenes frente a las víctimas, a las que explicaron cómo maquinaron para llevarse y matar a sus familiares.
Uno a uno, en el cierre de la audiencia, dijeron los nombres y apellidos de aquellos a los que mataron o contribuyeron a ejecutar, menos Coronado, quien insistió en que su responsabilidad fue por «omisión» y por «no avizorar que la política de inflexión física definida por el señor general Mario Montoya Uribe (comandante del Ejército en la época)», podría causar estos hechos.
«Mi participación fue determinante, pues yo era el comandante de ese batallón, por consiguiente soy responsable a título de coautor por crímenes de guerra y homicidio en persona protegida así como desaparición forzada», decía poco antes el coronel retirado Álvaro Tamayo, quien en esas fechas era comandante del Batallón Santander, con sede en Ocaña.
Tamayo, quien habló directamente de algunas de las personas que protagonizaron tristemente uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano, aseguró que «existía una competencia permanente en las diferentes unidades de todo el Ejército a partir de esas estadísticas de los resultados y bajo estas estadísticas nos calificaban».
Ha sido uno de los lemas repetidos por los militares: les exigían presentar resultados. Pero las víctimas, que agradecieron que después de 14 años por fin al menos les reconozcan que sus familiares asesinados no eran guerrilleros, preguntaron insistentemente quién les hacía esas exigencias.
«Sabemos que esto venía de los altos mandos y muchos de ustedes así lo confirmaron en las versiones de la JEP cuando decían que Mario Montoya pedía ríos de sangre», aseguró la presidenta de las Madres de Falsos Positivos (Mafapo), Jaqueline Castillo.
En ese sentido, Tamayo reconocía, por ejemplo, que había «miembros que hacían parte de ese patrón de macrocriminalidad» y no están siendo investigados y dio nombres y apellidos de mandos que cometieron asesinatos.
Esta audiencia pública de reconocimiento de crímenes es la primera en la JEP y del Caso 03, que estudia los «falsos positivos» y por el que ya se han emitido dos autos (serán al menos seis) que involucran a un total de 26 militares, de los cuales 22 han reconocido su responsabilidad.
EFE
