El general retirado Mario Montoya, que fue comandante del Ejército de Colombia durante los años más duros de los llamados «falsos positivos», declaró por primera vez ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), comparecencia calificada por las víctimas como «una burla» por su falta de respuestas.
Montoya, que dirigió el Ejército entre 2006 y 2008, durante la Presidencia del Álvaro Uribe, es el militar de más alto rango que rinde su versión ante este tribunal por las ejecuciones de civiles que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano.
La comparecencia de Montoya tuvo este miércoles carácter reservado y solo se permitió el acceso a 41 víctimas y 15 representantes judiciales, pero en las afueras del tribunal se manifestaron decenas de personas para exigirle que diga la verdad de lo sucedido.
Al concluir la diligencia, la JEP informó que Montoya leyó durante 40 minutos un texto que tenía preparado y luego respondió por espacio de casi cinco horas «las preguntas que los magistrados de la Sala de Reconocimiento le formularon sobre los informes y las versiones que lo han mencionado con hechos relacionados con muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate».
MALESTAR DE LAS VÍCTIMAS
Sin embargo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a víctimas de crímenes de Estado en el país, consideró que la comparecencia de Montoya fue «una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado».
«Esto contrasta con las enormes expectativas de las víctimas de satisfacer su derecho a la verdad frente a la oportunidad que le brinda al compareciente el acogerse a la JEP, en la cual tiene el deber de decir la verdad plena y completa sobre las más de 2.429 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre 2006 y 2008», manifestó el Cajar en un comunicado.
Igualmente le exigen explicaciones sobre «hechos de la misma naturaleza» denunciados antes de ser jefe del Ejército, cuando estuvo al frente de la Cuarta Brigada, la Primera División y el Comando Conjunto Caribe de esa institución.
Los llamados «falsos positivos» eran una práctica en la que militares engañaban a jóvenes pobres, incluso discapacitados, con promesas de empleo para luego llevarlos a lugares del país distintos a los de su residencia donde eran ejecutados y presentados como guerrilleros para con ello obtener beneficios de sus superiores.
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 de estos casos que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
EXIGENCIA DE LA VERDAD
En el comunicado, las víctimas y organizaciones de derechos humanos que integran la plataforma «Campaña por la verdad» consideraron que la JEP debe «adoptar medidas urgentes» frente a la falta de respuestas de Montoya, que volverá a declarar este jueves y viernes.
Las víctimas criticaron que el declarante haya eludido «la obligación que exige el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición de aportar verdad plena sobre los hechos por los que se encuentra investigado relacionados con graves violaciones a los derechos humanos».
«Existen al menos 18 versiones voluntarias (…) de quienes fueron ejecutores materiales y de otros altos mandos del Ejército sometidos a la JEP que han señalado a Mario Montoya Uribe como quien instigó al personal militar para cometer este tipo de delitos, a través de expresiones que, inequívocamente, los llevaron a cometer asesinatos de manera masiva y sistemática», añadieron.
JUSTICIA PARA TODOS
El clamor para que el general retirado cuente la verdad fue expresado también por los familiares de víctimas que exhibieron a las puertas del tribunal un enorme cartel con fotos de algunos de los ejecutados por militares.
«Esperamos el día de hoy que el general Montoya acepte que bajo su mando ocurrieron estos casos y deje de evadir su responsabilidad, no solo en el caso de mi hermano sino en el de miles de víctimas de estas acciones», dijo a Efe Anderson Rodríguez, cuyo hermano Steven fue asesinado como parte de los «falsos positivos».
La abogada Liliana Uribe consideró por su parte que «es importante que Montoya haya querido declarar ante la JEP de forma voluntaria» y «aproveche esta oportunidad para esclarecer estos casos».
Al plantón por verdad y justicia se sumaron otras víctimas del conflicto armado, como Inés Castiblanco, quien perdió a su hermana en la toma del Palacio de Justicia por guerrilleros del M-19, el 6 de noviembre de 1985.
El edificio fue recuperado por el Ejército a sangre y fuego al día siguiente, con un saldo de 98 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y once desaparecidos.
«Venimos a este plantón para reclamar por todos los desaparecidos que hay en Colombia, aunque creo que la verdad no saldrá a la luz porque hay mucha impunidad», puntualizó.
EFE
