El general retirado de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe, fue capturado en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá tras su regreso a Colombia luego de cumplir su pena en Estados Unidos por apoyar las acciones de grupos paramilitares.
La Fiscalía General de la Nación definió la situación jurídica del exoficial y ordenó su detención como presunto responsable de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada de personas.
De acuerdo con la evidencia física y los testimonios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, las desapariciones de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), estarían relacionadas con varios homicidios y crímenes ocurridos en Medellín (Antioquia) entre 1997 y 2001, por los que han sido procesados algunos efectivos del entonces Gaula Rural de la Policía Nacional.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró indicios que vincularían al comandante de la mencionada unidad para la fecha, el entonces coronel Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, en la desaparición de los dos defensores de derechos humanos y dispuso la captura del oficial en retiro.
La detención se hizo efectiva tan pronto Santoyo Velasco regresó de Estados Unidos, luego de cumplir una condena de 13 años de cárcel en ese país por ayudar a los grupos autodefensas a sacar cocaína de Colombia a territorio estadounidense.
Ahora, en atención a los parámetros establecidos por la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), el general en retiro deberá permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado y coautor de desaparición forzada de personas agravada.
Las víctimas en este caso, Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, fueron reportadas como desaparecidas el 6 de octubre de 2000, en un sitio público conocido como ‘La Playa’, en el centro de Medellín (Antioquia). Exintegrantes de grupos de autodefensa postulados a la Ley de Justicia y Paz se atribuyeron estos hechos y revelaron que habrían actuado en complicidad con integrantes del entonces Gaula Rural de la Policía.
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