La Fiscalía se puso a la tarea de investigar el horror que se vivió en la cárcel entre 1999 y 2003. Al parecer, los crímenes allí cometidos habrían contado con la participación o colaboraciones del general, un mayor en retiro, un director y otro subdirector de la prisión.
Lo que sucedió en la cárcel La Modelo en Bogotá entre 1999 y 2003, a plena luz del día y bajo la vigilancia de las autoridades del penal y de los guardias del Inpec, fue, literalmente, el terreno de una guerra escabrosa entre grupos de autodefensas y guerrillas. Personas descuartizadas, envenenadas. Restos desaparecidos y torturas. Todo esto sucedió en una de las prisiones más importantes de la ciudad y, hasta el año pasado, las investigaciones empezaron a andar.
Las pesquisas de la Fiscalía ya permitieron vincular a personajes que habrían sido claves en este contexto de violencia. Por esto, el ente investigador llamó a indagatoria al general (r) Fabio Campo Silva, director general del Inpec entre febrero de 2000 y julio de 2001; al mayor (r) Jaime Gallo Zuleta, asesor externo del Inpec entre 2000 y 2001; al coronel (r) Luis Bernardo Maldonado Bernate, subdirector general del Inpec entre abril de 1999 y julio de 2001; y a Reinaldo Fierro, director de La Modelo entre noviembre de 1999 y julio de 2000.
Según las investigaciones, los vejámenes que se vivieron en la cárcel habrían contado con la participación o colaboración de estos funcionarios que ahora le tendrán que explicar a la justicia qué sabían de la situación adentro de la prisión y qué hicieron, no solo para evitarla, sino para acabarla. Lo que hasta ahora se sabe es escabroso. Según las pesquisas de la Fiscalía, al interior de este centro penitenciario se constituyó una estructura armada ilegal conformada por hombres privados de la libertad que ejercieron el control total del establecimiento.
Por un lado, en el ala sur, estaban los miembros de las autodefensas. Y al otro extremo, las guerrillas. Aunque separados, todos vivían armados con fusiles, granadas, subametralladoras o pistolas. “Lo que debería ser no sucedió”, destacó el ente investigador en un informe, al admitir que en vez de que los presos de los grupos ilegales vivieran sometidos a la custodia del Estado para purgar penas por sus crímenes, desplegaron “un conflicto dentro del conflicto”, es decir, un territorio de guerra.
Ese informe, revelado por este diario en su edición del 26 de marzo del año pasado, es hoy la pieza clave de la investigación. De acuerdo con los hallazgos, a sangre y fuego, la condición mayoritaria de las autodefensas se impuso en La Modelo a través de una estructura denominada Bloque Interno Capital, que convirtió en asunto normal los homicidios selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, los delitos sexuales, los secuestros, el tráfico de estupefacientes y de armas, las exigencias de contribuciones económicas a quienes se vieron sometidos a sus dictámenes.
El Bloque Interno Capital estuvo integrado por al menos 200 hombres, que delinquieron bajo las órdenes de Miguel Arroyave Ruíz, alias Arcángel, quien llegó preso al penal en mayo de 1999, sindicado como zar de los insumos químicos para procesar cocaína en los Llanos Orientales. En realidad, era un viejo conocido de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil desde sus días de adolescencia común en Amalfi (Antioquia), y cuando dejó la cárcel en el año 2001 pasó a regentar el temible Bloque Centauros.
La transición entre la cárcel y la comandancia de uno de los estratégicos frentes de guerra del proyecto Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyo acontecer criminal se enlaza con otra red asesina cobrando forma en esos tiempos: el Frente Capital o Bloque Capital. El expediente menos documentado del conflicto armado colombiano. La estructura que desde el exterior de La Modelo desarrolló sus asesinatos selectivos u oficinas de cobro, en tácita alianza de intereses comunes y complicidades.
La Fiscalía ha recopilado testimonio claves del horror que se vivió en La Modelo. “Una vez llegaron unos visitantes. Tengo entendido que eran del Bloque Capital, fueron a cuadrar cuentas con Belisario y dos o tres quedaron retenidos. La guardia entró a buscarlos y lo que les dijeron fue que se habían ido borrachos y por eso habían dejado las cédulas. Era mentira. Estaba retenidos en la cárcel. Fueron asesinados y tirados en la aguamasa, en la lavaza para los marranos (…) En una ocasión, el señor de la aguamasa le dijo a la guardia que había encontrado unos dedos y le tocó quedarse callado”, dijo uno de los entrevistados.
“El veneno se usó mucho. El cianuro para matar gente. Eso entraba por el Patio 3 y se le daba un frasquito o polvo a cada mando de patio, se lo daba al que había que matar silenciosamente. Se daba en la boca o con jeringa (…) decían que entre más pequeña la dosis más letal. (…) Yo participé una vez que hubo cuatro muertos el mismo día y di la orden para que dos subalternos míos lo hicieran (…) Los cuerpos se botaban en la puerta blindada y el Inpec los recogía envueltos en la cobija y los reportaba como infartos”, señaló otro.
“El que no moría en el tanque de corriente, lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa. Los picaban, los degollaban o los ahorcaban (…) El Inpec tenía un contrato con un señor de Soacha de unas marraneras y una persona llamó a la prensa a decir que era con la aguamasa de La Modelo. Morían envenenados, a cuchillo, cortados. Con arma de fuego muy pocos. El que moría con arma de fuego era un duro o alguien de las AUC. Muchas veces al que entraba ya había orden de matarlo y lo desaparecían”, relató un testigo.
Bajo este contexto, el 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada en la puerta de la cárcel La Modelo, justamente cuando estaba investigando todo lo que acontecía dentro de la prisión. Entre el 16 de febrero de 1999 y el 25 de mayo de 2000, la periodista escribió 34 artículos sobre el tema en las páginas de El Espectador. Los autores del crimen seguramente planeaban desaparecerla y por eso la sometieron a tratos crueles y ultraje sexual. Un cerco de la Fiscalía, advertida de su desaparición, los obligó a cambiar de planes.
Tuvieron que pasar 12 años para que la justicia se interesara por el caso. Hoy están condenados Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero y Alejandro Cárdenas, alias JJ, pero es claro que no fueron los únicos implicados. El Estado colombiano deberá responder por este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La relación entre el crimen de Bedoya y el Bloque Capital ha sido uno de los muchos casos que la justicia ha tardado décadas en investigar.
Desde noviembre de 2008, a Comisión Colombiana de Juristas envío un documento de 25 páginas a la Fiscalía para insistir en evaluar pruebas judiciales respecto a la existencia del Bloque Capital. Además, agregó una relación de víctimas con nombres y hechos ocurridos en Bogotá y su entorno. El tema no fue prioritario para la justicia, aunque la cronología del conflicto prueba que graves sucesos ocurrieron en la ciudad en momentos previos y durante las horas en las que La Modelo se convirtió en territorio de guerra.
Algunos ejemplos son: el asesinato de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado en mayo de 1997; el crimen del penalista Eduardo Umaña, en abril de 1998; o el asesinato del periodista Jaime Garzón, en agosto de 1999. Desafortunadamente, la mayoría de los que conformaron esa estructura en Bogotá, con agresiva filial en La Modelo, ya no viven para contarlo. Miguel Arroyave fue asesinado en 2004. Ángel Gaitán cayó acribillado en La Picota en 2001.
En cambio, quien podría ayudar a aclarar el laberinto es Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, uno de los hombres comisionados por Carlos Castaño para extender la violencia en Bogotá. En Colombia nunca fue investigado por estos hechos y, desde que fue capturado en Argentina, se ha mantenido en silencio sobre este asunto. La misma estrategia de otros de sus protagonistas, que saben que el Frente o Bloque Capital existió y que las autodefensas desarrollaron acciones determinantes de su violencia en Bogotá.
La investigación de la Fiscalía sobre lo que sucedió en La Modelo señala, además, que allí el porte de armas se hizo normal, lo mismo que la comisión de otras conductas ilegales. La comercialización e ingreso de estupefacientes o licor; la presencia cotidiana de mujeres ejerciendo la prostitución; los precios para el tránsito a determinados patios, ubicación de celdas o el derecho a dormir en determinados sitios; o una secuencia de túneles y caletas para guardar elementos prohibidos o cometer delitos.
Dentro de esta investigación, la Fiscalía acusó en 2018 a William Gacharná Castro, como subdirector y director de la cárcel, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, y otras tres personas: Juan Carlos Cadavid Vélez, José William Parra Arroyave y Albert Narváez Mejía, quienes habrían sido paramilitares del Bloque Capital. Las explicaciones que sobre esta historia puedan dar el general (r) Campo Silva, el mayor (r) Gallo Zuleta, el coronel (r) Maldonado Bernate y Fierro, podrían ser claves dentro de la investigación que, después de más de 10 años, se está comenzando a mover en la Fiscalía
Tomado de El Espectador
