La Corte Suprema de Justicia ordenó el reintegro de 31 trabajadores a la Fábrica de Licores de Antioquia, primero porque habían sido despedidos sin justa causa en medio de un conflicto colectivo de trabajo, y segundo porque no se les reconoció como trabajadores oficiales.
Esto último parte de que la Fábrica está clasificada inadecuadamente como una dependencia administrativa del departamento cuando por su misión industrial y comercial no debe ser así, lo que hace que sus servidores reciban “indebidamente” el trato de empleados públicos.
Dice la Corte que aunque los departamentos cuentan con autonomía para organizar la estructura de su administración no pueden “desconocer reglas básicas sobre la estructura de la administración pública, a partir de una catalogación arbitraria de sus entidades, que niegue manifiestamente su real naturaleza y misión”.
Según la providencia, “resulta por completo inaceptable que el derecho de los trabajadores oficiales a la negociación colectiva, que hace parte fundamental de la libertad sindical, se vea comprometido por el simple artificio de la administración en la clasificación y definición de sus entidades”.
Es así como la actual administración creó nuevos cargos para respetar lo ordenado por la Corte y reintegró a 24 de ellos. Aún faltan siete personas que la Gobernación de Luis Pérez Gutiérrez intentará ubicar la próxima semana. Jairo Alberto Cano, secretario de Gestión Humana, señaló que recibir y reubicar a estas 31 personas representa un gasto que no se tenía previsto.