El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, remitirá al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, toda la información sobre las acciones que ha emprendido la administración Antioquia Piensa en Grande, con el fin de solucionar la crisis carcelaria que se registra en Antioquia por causa del hacinamiento.
El mandatario aclaró que durante todo su gobierno no ha recibido ninguna notificación por el hacinamiento en el municipio de Santa Fe de Antioquia, e indicó que la tutela fue hecha en el año 2014 y daba un plazo de un año para la solución de la crisis, es decir 2015.
Explicó Pérez Gutiérrez, que sin conocer la tutela, la administración departamental ha venido trabajando por el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario y ha efectuado importantes inversiones para dar solución a la falta de cupos.
En este sentido, se aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para cofinanciar en el municipio de Yarumal, la colonia agrícola –CAMIS- destinada a albergar a 1.500 personas privadas de la libertad por un valor superior a los 65.000 millones de pesos, convenio suscrito en noviembre de 2017. Este proyecto está detenido actualmente por el Ministerio de Justicia.
Indicó que también se presentó un proyecto a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- para construir una cárcel en Abriaquí, Frontino o Uramita, pero aún no se tiene el visto bueno. Se disponen de 300 millones de pesos para hacer el estudio, pero este no puede realizarse sin la autorización respectiva.
Agregó que a través de Empresa de Vivienda de Antioquia, se vienen invirtiendo $8.000 millones en el mantenimiento y mejoramiento de las cárceles en Antioquia.
Con estas y otras pruebas entregadas al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, la Gobernación demostrará que son muchas las acciones que se han emprendido por parte de este gobierno para superar la crisis penitenciaria y carcelaria.
Además, explicó que ni los 16 alcaldes que aparecen en el proceso ni el Gobernador de Antioquia, tienen incidencia en la decisión del sitio a donde se envían a los reclusos. Esa disposición es adoptada por los jueces.
