El Gobierno colombiano logró reducir en 2019 de 169.000 a 154.000 las hectáreas sembradas de coca en el país, su mejor resultado en los últimos años con una campaña que vigilan de cerca tanto el Gobierno de Estados Unidos como los movimientos sociales.
Los datos sobre Colombia, mayor productor mundial de coca y cocaína, fueron divulgados este miércoles en Bogotá por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, sigla en inglés) con base en las mediciones del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).
«Los resultados (…) traen buenas noticias para Colombia no solo porque se rompe la tendencia de incremento que se había iniciado en 2014, también porque constituyen un reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno y de las comunidades que se han comprometido con el abandono de los cultivos de coca y la transición hacia la legalidad», manifestó el representante de la UNODC en Colombia, Pierre Lapaque.
ERRADICACIÓN Y SUSTITUCIÓN
En términos porcentuales, la disminución en 15.000 hectáreas del área dedicada a cultivos ilícitos en 2019 equivale al 9 %, un resultado celebrado por el presidente colombiano, Iván Duque, como «la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos seis años en nuestro país».
Para el mandatario, estas cifras son el resultado de la política integral contra las drogas ilegales puesta en marcha por su Gobierno y el informe de la UNODC «nos muestra que por segundo año consecutivo avanzamos en la reducción de los cultivos ilícitos».
«Quiero destacar que aquí se suman los esfuerzos de los programas de sustitución, pero también de los programas de erradicación», dijo Duque en la presentación del informe que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.
El área cultivada de coca en Colombia, que en 2013 fue reducida a solo 48.000 hectáreas con un intenso programa de erradicación aplicado por los anteriores gobiernos, volvió a crecer en los años siguientes hasta alcanzar un récord de 171.000 hectáreas en 2017, según los datos de UNODC.
En 2018, año de la llegada de Duque a la Presidencia, hubo una ligera reducción a 169.000 hectáreas, y de ahí a las 154.000 de 2019.
Otro indicador de los cultivos ilícitos es el cálculo que hace la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, en inglés), que en su informe de 2019, divulgado en marzo pasado, mostró un récord de 212.000 hectáreas, cifra superior a la divulgada hoy por la UNODC.
En cuanto al potencial de producción de clorhidrato de cocaína del país, el organismo de la ONU calculó en su informe de hoy que en 2019 fue de 1.137 toneladas métricas, superior en un 1,5 % a la del ejercicio anterior.
«La situación de menos área pero más cocaína se explica por una mayor productividad en los lotes de coca en zonas muy específicas que pueden considerarse como enclaves productivos», explicó Lapaque.
PRESIÓN DE LA CASA BLANCA
El Gobierno tiene la presión constante de la Casa Blanca para que reduzca los cultivos ilícitos, expresada incluso por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien el año pasado llegó a afirmar que Colombia está atrasada en este campo y que desde que Duque está en el poder «están llegando más drogas» a su país.
A pesar de las críticas, Trump anunció en agosto pasado la certificación de Colombia como un país comprometido con la lucha contra las drogas, con el que tiene un plan de acción para reducir los altos niveles de cultivo y producción de cocaína en un 50 por ciento para fines de 2023.
Según el informe divulgado este miércoles, los departamentos donde más se redujeron las hectáreas sembradas de coca el año pasado fueron el Caquetá (62 %), Antioquia (29 %), Nariño (12 %), Bolívar (7,5 %) y Putumayo (5 %).
Ese avance tiene que ver con el esfuerzo hecho por el Gobierno para erradicar de manera manual 101.273 hectáreas, de las cuales 94.670 las hizo la fuerza pública y 6.603 como parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creado en 2017 como componente del acuerdo de paz firmado un año antes con la guerrilla de las FARC.
En cambio, «hubo incrementos significativos» en Norte de Santander (24,1 %) y Valle del Cauca (82 %) respecto a 2018, agregó la UNODC.
De esta forma, la región del Catatumbo, en Norte de Santander y fronteriza con Venezuela, se convirtió en el principal enclave productivo de coca del país, seguido de los municipios de Tumaco, El Charco y Olaya Herrera (Nariño); la zona de El Naya ubicada entre el Cauca y el Valle del Cauca, y las regiones de Tarazá, Valdivia y Cáceres (Antioquia).
«La erradicación forzada tuvo una importante incidencia, principalmente en el departamento de Nariño que deja de ser el primer productor de coca en Colombia», aseguró Lapaque.
OPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES
Sin embargo, este método enfrenta la oposición de movimientos sociales que denuncian que el Gobierno está abandonando el PNIS, que promueve la sustitución voluntaria de los cultivos de coca mediante planes integrales concertados con las comunidades campesinas, para dar prioridad al regreso de las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato, suspendidas desde 2015.
«En el programa de sustitución voluntaria de cultivos invertimos el año pasado 830.000 millones de pesos (unos 222 millones de dólares) para soportar a las casi 100.000 familias que están y se mantienen dentro del proceso de abandonar la coca y pasar a la legalidad», dijo el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, al subrayar el compromiso con esa iniciativa.
Según la UNODC, en los territorios intervenidos con erradicación forzosa o voluntaria, se ha notado una reducción del 22 % en los cultivos de coca, pero eso no es suficiente porque a las comunidades hay que llevarles también planes de desarrollo social.
«Quiero hacer énfasis en que no basta con reducir la coca, es necesario liberar el territorio de la violencia, la inseguridad y de las barreras para el desarrollo que están asociados a la presencia de cultivos ilícitos y de grupos criminales», expresó Lapaque.
EFE
