Bogotá, 15 mar – El Gobierno colombiano presentó este miércoles al Congreso un proyecto de ley que servirá de marco jurídico para el sometimiento de organizaciones armadas ilegales que no tienen estatus político para negociar la paz.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el del Interior, Alfonso Prada, fueron los encargados de radicar en el proyecto de ley de sujeción a la Justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de grupos armados organizados de crimen de alto impacto, mejor conocido como «Ley de sometimiento».
El presidente del Senado, Roy Barreras, pidió al Gobierno tramitar esta iniciativa con mensaje de urgencia, «para que la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse».
DETALLES DEL PROYECTO
De aprobarse el proyecto, las llamadas bandas criminales tendrán un plazo de dos años para desarticularse voluntariamente y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos cometidos.
Igualmente, deben dar información a las autoridades sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas y, a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre seis y ocho años de cárcel efectiva.
Adicionalmente, quienes se acojan a la ley, en caso de ser aprobada, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras hacen actividades de restauración y de reparación a sus víctimas.
El proyecto de ley establece que quien vuelva a delinquir o a incumplir alguna de las condiciones purgará la máxima pena correspondiente a los delitos cometidos y, por consiguiente, perderá todas las rebajas y beneficios.
El texto dice también que los grupos delictivos deben entregar todos sus bienes, pero tendrán derecho a conservar el equivalente al 6 % de su valor, con un tope máximo de 2,4 millones de dólares.
Otro de los puntos relevantes de la iniciativa consiste en la creación de un fondo que se destinará a la reparación de las víctimas y programas de justicia restaurativa.
El senador del gobernante Pacto Histórico y presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, sostuvo que este proyecto, «no brinda ninguna clase de impunidad».
«Es un camino que se abre para la paz total que avanza, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas que implica una política de paz ambiciosa como la de este Gobierno», apostilló Cepeda.
OFERTA GENEROSA
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el proyecto de ley «contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto».
«Si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa, esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tienen vocación política», dijo Osuna.
El proyecto hace parte de la «paz total», prioridad del presidente colombiano, Gustavo Petro, que busca negociar y someter a la justicia a los diferentes grupos armados que operan en el país.
De momento, el Gobierno mantiene diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, el lunes pasado, Petro dijo que se establecerá una nueva conversación con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las antiguas FARC, luego de que la Fiscalía anunciara el levantamiento de las órdenes de captura contra 19 miembros de ese grupo.(EFE).
