Buenos Aires, 14 de agosto de 2024.- El Gobierno argentino eliminó la unidad integrada en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) destinada a investigar la apropiación de niños durante la última dictadura en el país suramericano (1976-1983) por, según el decreto publicado este miércoles, vulnerar la separación de poderes.
Mediante el decreto 727/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente de Argentina, Javier Milei, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Ejecutivo derogó el decreto 715 del 9 de junio de 2004.
Dicho texto había creado la Unidad Especial para investigar «la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de estado» dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y quedaba bajo el paraguas del secretario de Derechos Humanos, cargo que ocupa desde diciembre de 2023 el juez Alberto Baños.
Entre los fundamentos para la decisión, el Ejecutivo consideró que la citada Unidad Especial gozaba de «facultades de investigación, por iniciativa propia para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales» y, a tales efectos, le fue otorgado «acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y de los fiscales que integran el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (sic)», lo que, señaló, «violenta» la Constitución argentina.
«En efecto, no tiene sustento constitucional que un organismo dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL (sic) lleve a cabo medidas y tenga prerrogativas de índole jurisdiccional o que correspondan al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (sic)», agregó el texto.
Según la organización pro derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 bebés fueron robados por la dictadura a sus progenitores, en su mayoría opositores al régimen, y en muchos casos a madres que dieron a luz en centros clandestinos de detención y tortura y fueron desaparecidas para siempre, asesinadas o tiradas con vida, drogadas, al mar.
En mayo pasado, el colectivo expresó su «preocupación ante la ofensiva (del Gobierno argentino) contra el trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi)», fundada en 1992 bajo la Presidencia de Carlos Menem (1989-1999).
Posteriormente, hubo manifestaciones contra los despidos y ajustes que el Gobierno de Javier Milei ha tomado contra las áreas dedicadas a espacios de memoria y dependencias del Estado pro derechos humanos.
Argentina se convirtió en ejemplo internacional en el trabajo por los derechos humanos a partir de la creación de agrupaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaron a sus hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura.
Además, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, establecida por el primer presidente desde la vuelta de la democracia, Raúl Alfonsín (1983-1989), y la celebración del Juicio a las Juntas, apenas dos años después de la conclusión del régimen de facto, fueron hitos a nivel internacional.
El Ejecutivo de Milei niega la cifra consensuada por organismos de derechos humanos de 30.000 desaparecidos y solo reconoce 8.751.
EFE