Comunidades indígenas se comprometen a desbloquear definitivamente la Vía Panamericana, después de concertar con el Gobierno Nacional diversos problemas que históricamente habían quedado sin resolver.

A partir de este sábado 6 de abril se iniciará el desbloqueo de la Vía Panamericana. Los recursos acordados para planes y proyectos hacen parte del estimado previsto por el Gobierno Nacional contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad.

De los 4.6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas, se concertó asignar $832.148 millones (un 17,5 %), monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca.

El Gobierno Nacional señaló que lamenta las graves afectaciones de las poblaciones de los departamentos del Cauca, Nariño, Huila y Valle del Cauca como consecuencia de los bloqueos promovidos por el CRIC.

Expresó asimismo su solidaridad con las víctimas de estas vías de hecho y se permitió anunciar que implementará medidas que mitiguen los impactos negativos sufridos durante los días de paro.

Agregó el Gobierno en un sitio web que “respeta y respetará el ejercicio pacífico a la protesta social, de la misma manera que respeta y hará respetar todos los derechos de los colombianos en todo el territorio”.

Destacó que ha actuado “con firmeza y determinación frente al uso de vías de hecho que han afectado el derecho a la movilidad de cientos de miles de colombianos”.

Reafirmó a todos los colombianos y en especial a los caucanos, nariñenses, vallecaucanos y huilenses, que su derecho a la movilidad está garantizado.

Los representantes del equipo de negociadores del Gobierno, en el marco del respeto a ese derecho de movilidad, nunca accedieron a adelantar conversaciones con representantes de la Minga sin la presencia permanente de la Fuerza Pública y en lugares en los que se garantizara la movilidad.

Este viernes 5 de abril, en horas de la noche, se llegó a una concertación sobre el plan de inversiones que debe ser aprobado por una comisión mixta creada por el Decreto 1811 de 2017, compuesta por representantes del Gobierno Nacional y los pueblos indígenas.

Este acuerdo tiene como objetivo fundamental solucionar los problemas que históricamente se han quedado sin resolver, por exceder la capacidad de cumplimiento del Estado y porque los compromisos adquiridos en el pasado sobrepasaban la realidad fiscal colombiana.

Se trata de un acuerdo fiscalmente responsable y cuenta con un consenso sostenido por la realidad. De los 4,6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas del Cauca, se concertó asignar $832.148 millones, un 17,5 %, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca.

Estos recursos, que hacen parte del plan de inversión concertado, corresponden a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo correspondiente al pacto para los pueblos indígenas.

El plan de inversiones acordado contiene compromisos en las siguientes áreas: Vivienda nueva y mejoramientos de vivienda, salud, proyectos productivos e infraestructura rural, vías, economía naranja y unidad de protección.

El monto de este acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, se enmarca dentro de los compromisos presupuestales previamente consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de inversiones. La priorización de estas inversiones es fruto del consenso entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas y campesinas del Cauca.

Una vez sea aprobado este plan de inversión, su ejecución será responsabilidad de las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, contando con el seguimiento y auditoría permanente de los organismos de control y de los garantes.

La implementación del plan de inversiones será verificada por una comisión, en el marco de la cual se tramitarán las diferencias que puedan surgir sobre el cumplimiento de lo acordado, siempre respetando integralmente los derechos de todos los colombianos.

El Gobierno Nacional agradeció finalmente a los organismos de control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República) y a los garantes (Naciones Unidas, MAPP OEA, Defensoría del Pueblo), así como a los miembros de la comunidad de Santander de Quilichao, la vereda de Mandivá y el corregimiento de Mondomo; además, reconoció especialmente la labor de la Policía y el Ejército Nacional.