A través del Decreto 595, el Ministerio de Justicia estableció la suspensión de los términos del trámite de extradición hasta que finalice la emergencia sanitaria por el COVID-19, y señala que incluirá los términos que hayan empezado a correr respecto de notificaciones, recursos o solicitudes de revocatoria directa contra la resolución en que se concede o se niegue la extradición.
Según se expresa, la prórroga no significa que se pierda la facultad para cancelar órdenes de captura y decretar libertades cuando sean generadas, mucho menos para capturar a quienes sean pedidos en extradición.
También se explica que, en los casos en que el país requirente pueda otorgar las condiciones para el traslado y se pueda implementar medidas para su salud por cuenta de la pandemia, se podrá hacer y el caso no quedará cobijado por la suspensión de términos.
Entre algunos fundamentos del decreto se encuentra el propósito de honrar los compromisos internacionales de atender peticiones de extradición, sin que los delitos cometidos queden en la impunidad, por lo que se busca cooperar con criterio en medio de la pandemia, eso sí, sin desconocer las dificultades de movilidad y otras que se han ocasionado en la emergencia.
“En el caso de las solicitudes de extradición pasivas, algunas misiones diplomáticas acreditadas en Colombia han informado las dificultades existentes para que los funcionarios de sus países puedan desplazarse a territorio colombiano, para proceder a la entrega y traslado de la persona cuya extradición fue aprobada por el Gobierno Nacional”, expresa el decreto.
A su vez, se relata que se han evidenciado limitaciones que afectan a los servidores públicos, por ejemplo, en el trámite de notificaciones, en los ingresos a cárceles y otros escenarios que podría poner en riesgo la salud.
Tomado de Blu Radio
