Luego de que la Procuraduría General le llamara la atención al Gobierno sobre fallas en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, salió en defensa del avance del Ejecutivo en esta materia.
Archila explicó que no hay retrasos ni desarticulación, como lo aseguró el órgano de control, sino que, por el contrario, las dificultades financieras y la carencia de planeaciones que recibió el Gobierno se están asumiendo.
Para el consejero, el trabajo de planeación que se adelanta, los PDET, los apoyos a las víctimas, la extensión de beneficios a los excombatientes Farc, las garantías políticas, las inversiones para mantener a casi 100.000 familias en el programa de sustitución de cultivos, y la financiación de proyectos productivos, son hechos concretos que reflejan la seriedad y firmeza con la que el Gobierno ejecuta la política de Paz con Legalidad.
El funcionario agregó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se calcularon recursos para el cuatrienio por 37,1 billones de pesos (9,27 billones al año en promedio), que incluyen financiación por parte del Presupuesto General de la Nación, Obras por Impuestos, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, cooperación internacional, recursos de las entidades y recursos privados.
Archila manifestó que en 2019 se ejecutaron más recursos que los definidos por el Plan Plurianual, lo que equivale a un promedio de 11,12 billones de pesos para el cumplimiento del Plan Marco de Implementación. “Esto es, el 29 % de los 37,1 billones de pesos previstos en el cuatrienio en el PPI Paz a valor presente, y es 16 % superior a lo que se esperaba en promedio anual”, dijo.
En cuanto al año en curso, el consejero aseveró que se presupuestaron 9,8 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, de los cuales 2,4 billones de pesos son recursos de inversión, y 7,4 billones de pesos de funcionamiento.
Archila señaló que el Gobierno ha ido más allá de lo que se pactó en lo relacionado con el cumplimiento de acciones para los más de 13.000 excombatientes Farc que se mantienen en la legalidad. Dijo que se les garantiza su plena reincorporación a la sociedad, junto con sus familias, con apoyos específicos en diferentes órdenes.
“Falta una gran cantidad de recursos. Para la ejecución plena del programa en las actuales circunstancias, se requiere de más de 4 billones de pesos. Antes de que llegáramos se hicieron ofrecimientos a muchas personas sin haber tenido ninguna certeza de que se podría cumplir. El programa con las familias que firmaron acuerdos individuales tiene un costo que supera siete veces los recursos que nos dejaron. Obviamente, siendo un Gobierno responsable no vamos a asumir compromisos concretos sin antes haberles cumplido a las que ya están”, explicó el consejero.
En el segundo informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz presentado por la Procuraduría al Congreso de la República, se establece que hay una limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros.
El Ministerio Público señaló que a marzo de este año solo se ha cumplido con el 60 % de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación (PMI), que tenía como plazo de ejecución un periodo entre 2017 y 2019.
De igual forma, el documento indica que no se han diseñado todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral al proceso, debido a que el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en los territorios, y el 26 % de las obligaciones adquiridas no tiene metas establecidas que permitan verificar su ejecución, como ocurre, por ejemplo, con la seguridad de los líderes y defensores.
La Procuraduría hizo énfasis en que es necesario que el Estado garantice la seguridad en los territorios para que la oferta social llegue a los municipios más afectados por el conflicto, con el objetivo de reducir las brechas económicas y sociales.
Tomado de Radio Nacional
