Bogotá, 21 nov – Después de cuatro años de hielo, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) retomaron hace justo un año las negociaciones, que han dado grandes pasos como la firma del cese al fuego bilateral más largo, pero que vive actualmente su peor momento por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz.
«Hemos tenido un proceso que ha avanzado como ningún otro en la ya larga historia del conflicto armado y de los propios procesos de paz con esta guerrilla», resume el senador colombiano y negociador con el ELN Iván Cepeda, que también es consciente de que ahora mismo las conversaciones pasan por un momento «duro, difícil».
El ELN nació en 1964, inspirado por la revolución cubana, y hasta el 2012 el Gobierno colombiano sólo había conseguido reuniones exploratorias. El Gobierno de Juan Manuel Santos logró instalar por primera vez una mesa de diálogos y pactar una agenda, pero la llegada de Iván Duque en 2018 paralizó todo.
«Durante cuatro años del anterior Gobierno no se dio ningún paso adicional, ahora en un año no solamente hemos reanudado la mesa, sino que hemos logrado 15 acuerdos», relata Cepeda.
Entre esos acuerdos, además de alivios humanitarios en algunas regiones golpeadas por el conflicto y el comienzo para articular propuestas de la sociedad para que sean tomadas en cuenta por las dos partes, también se ha conseguido un cese al fuego bilateral de 180 días que comenzó el 3 de agosto.
Más allá de pequeñas denuncias, todo parecía funcionar bien hasta que el 28 de octubre se conoció el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool, y unos días más tarde la delegación del Gobierno denunciaba que estaba en manos del ELN, que lo soltó 10 días después.
En momentos «duros»
«Como en todo proceso hay momentos duros, difíciles y ahora estamos en uno de ellos porque tenemos una controversia álgida con el ELN sobre el secuestro», confiesa Cepeda.
La guerrilla reconoce que fue un error y hace autocrítica, aunque ha insistido en que no se trata de una violación al cese al fuego, porque según dijo el comandante de ese grupo, ‘Antonio García’, «no existe un acuerdo donde el ELN se haya comprometido a no realizar operaciones de finanzas, entre ellas privaciones de libertad».
Pero lo cierto es que el secuestro de civiles que nada tienen que ver con el conflicto -la llamada «toma de rehenes»- es una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), según los Convenios de Ginebra, y por ende están prohibidos por el cese al fuego y son un crimen de guerra.
El jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, pidió la pasada semana una reunión extraordinaria con su par del ELN, «Pablo Beltrán», pero la guerrilla quiere que la agenda siga lo previsto y se vean las caras en México en un quinto ciclo ordinario que ya se ha retrasado casi un mes.
Tampoco quieren que el secuestro sea uno de los puntos a tratar y si lo es piden que se hable de su financiación como estructura.
Sin embargo, dice Cepeda, «ni la sociedad colombiana ni ningún gobierno que acompaña este proceso estaría dispuesto a hacer una inversión de recursos en financiar a una organización que eventualmente, en cualquier momento, retomaría su accionar militar».
Voluntad de avanzar
El Gobierno no quiere darle ningún ultimátum a la guerrilla y tiene toda la voluntad de seguir negociando pero, en palabras de Cepeda, es claro: hay que tocar el tema de los secuestros ya no porque lo pidan ellos, sino porque lo va a exigir la sociedad.
«Si no el proceso se va a desgastar en su credibilidad, se va a desgastar en la posibilidad de convocar a muchos sectores de la sociedad colombiana y eso lo va a tornar, en algún momento, inviable», explica el negociador.
El ELN, por su parte, ha acogido la propuesta de reunión extraordinaria con malestar y sigue firme en la idea de que «que el proceso (de negociación) vaya rápido no beneficia a nadie», según asegura a EFE una fuente cercana a ese grupo.
Quieren en México darle curso a lo acordado en Caracas en el cuarto ciclo; seguir definiendo las «zonas críticas» de actuación inmediata -como reunirse con la población y dar soluciones a sus problemas más inmediatos con alivios humanitarios- y también a evaluar la fase de participación, cuyo modelo tiene que estar listo para febrero.
«En teoría (este ciclo) era para aceitar ruedas», dicen.
Para ellos el Gobierno «quiere pasar al tema de los secuestros para no evidenciar lo que está pasando en los territorios», que es un avance paramilitar desde que empezó el cese de hostilidades motivado por el cese al fuego, esgrimen.
La conclusión, como lo resumen las dos partes, es que el proceso «está embolatado» (enmarañado), pero el Gobierno está muy dispuesto a seguir adelante, pues levantarse de la mesa, dice Cepeda, no ha llevado a nada en el pasado.
Desde el ELN ven con buenos ojos que las palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro, sean de seguir salvando el proceso. EFE
Irene Escudero
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