Los agentes de tránsito implicados en el escándalo del llamado cartel del silbato en el municipio de Bello, regresaron a sus funciones luego de que un juez revocara las medidas de aseguramiento en su contra.
La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de esa localidad, con funciones de control de garantías, el pasado miércoles 11 de diciembre, y benefició a 17 de los 20 funcionarios involucrados en el expediente (los otros tres ya estaban libres).
El abogado Gustavo Salazar Pineda, quien representa a 12 de los acusados, le contó al periódico El Colombiano que basó su argumentación en la Ley 1786, que predica que cuando ha pasado un año desde la imposición de la medida de aseguramiento (que en este caso era domiciliaria) se puede solicitar la sustitución de la misma por una menos restrictiva; también señaló que sus clientes no representan un peligro para la ciudadanía ni para el proceso, lo cual fue avalado por el juzgado.
Los tentáculos del cartel del silbato quedaron expuestos el primero de octubre de 2018, cuando el CTI ejecutó un operativo contra una supuesta red de corrupción enquistada en la Secretaría de Movilidad de Bello.
Según la evidencia presentada hasta el momento, que incluye interceptaciones telefónicas, seguimientos y testimonios, varios servidores públicos se habrían confabulado para eliminar comparendos y fotomultas a los infractores de tránsito, a cambio de sobornos.
Entre los 400 hechos documentados se conoció que las coimas eran de $20.000 a $400.000, para desaparecer del sistema desde una multa por una infracción pequeña hasta el atropellamiento de personas por parte de conductores borrachos. En algunos casos también filtraban información confidencial sobre operativos sorpresa contra el transporte ilegal, para que los infractores escaparan a tiempo.
En ese momento los investigadores capturaron a tres supervisores de tránsito: Alirio Giraldo, Carlos Ortega y Carlos Torres; y a 14 guardas: Arley Pérez, Arlinton Mahecha, Bayron Aguirre, Bayron Velásquez, Édinson Díaz, Édisson Montoya, Iván Padilla, Jorge Zuluaga, Juan Fernández, Juan Esteban Díaz, Luis Ibarra, Olga Toro, Sebastián Castrillón y Yonhatan Ortega. Con esto, la Oficina de Tránsito de Bello se quedó sin la quinta parte del personal.
En el operativo también arrestaron al inspector primero de Bello, Jhofran Elorza; a Gloria Rodríguez, auxiliar administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente, quien antes trabajó en Movilidad; y a Juan Pablo Rivera, agente de tránsito de Medellín, señalado de ser el supuesto enlace del cartel en la capital antioqueña.
La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, prevaricato por omisión, concusión, revelación de secreto y corrupción al sufragante; este último fue para Gloria Rodríguez, quien, al parecer, participó en la compra de votos para las campañas de Olga Suárez y Mauricio Parodi al Congreso de la República.
Todos los sospechosos se declararon inocentes en el estrado y desde entonces comenzó un enredado proceso, que ha pasado por varios despachos judiciales y apelaciones, al punto de que un año después ni siquiera ha comenzado el juicio oral.
Quien debía coordinar esa instancia era el juez primero penal del Circuito de Bello, Luis Armando Vásquez García, quien fue capturado esta semana por supuestos actos de corrupción. Debido a esto, el caso del cartel del silbato sufrirá otro retraso, a la espera de que el Tribunal Superior de Medellín designe a un nuevo titular de ese despacho.
Entre octubre de 2018 y mayo de 2019 fueron dejados en libertad los agentes Jorge Zuluaga, Sebastián Castrillón y Yonhatan Ortega. Con la decisión del pasado miércoles, se unieron a ellos los demás implicados, aunque seguirán vinculados al expediente a la espera del juicio, al cual asistirán en libertad.
Salazar Pineda indicó que los supervisores y agentes de tránsito de Bello ya se reintegraron a sus funciones en la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía. Por su parte, Jhofran Elorza dejó el cargo en la Inspección Primera y ahora es abogado litigante. Por orden del juez, tendrán que reportar su paradero cada tres días.
De otro lado, Juan Pablo Rivera quedó desempleado, luego de ser despedido por la Secretaría de Movilidad de Medellín. Al respecto, el abogado declaró que su propósito es interponer una demanda ante un juzgado administrativo, solicitando el reintegro laboral de su defendido.
Tomado de El Colombiano
