Ciudad de Guatemala, 25 junio de 2021.- El activista Paulo Estrada, familiar de dos desaparecidos por la Inteligencia del Ejército de Guatemala en 1984, asegura que «siguen vigentes» las estructuras que operaron el llamado «Diario Militar», un informe castrense sobre la captura, tortura y desaparición forzada de al menos 183 opositores políticos entre 1983 y 1985.
Hace casi 25 años que la Firma de la Paz Firme y Duradera puso fin en 1996 a 36 años de un sanguinario conflicto armado en Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y al Ejército y a grupos paramilitares y que dejó un saldo de 200.000 muertos y 45.000 víctimas de desaparición forzada, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas.
Pero algunas de esas mismas prácticas se mantienen en la cotidianidad, con asesinatos continuos de líderes comunitarios indígenas, persecución a operadores de justicia o capturas ilegales, como la que sufrió en mayo pasado el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, opositor al Gobierno, exfiscal anticorrupción y exjefe del ente recaudador que históricamente más impuestos y penalizaciones ha cobrado a la élite empresarial guatemalteca.
En una entrevista con Efe, Estrada, de 38 años de edad, advierte que «estamos viendo que estas estructuras se han mantenido y actualmente controlan buena parte del poder en Guatemala. Los últimos tres Gobiernos han estado gente vinculada a la inteligencia militar y eso nos sigue diciendo que ellos mantienen el control y que los mismos patrones los siguen ejecutando. Son expertos en ese tema».
El documento del «Diario Militar», filtrado en 1999 por la investigadora Kate Doyle del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, también «refleja lo que pasa hoy en día, pero también nos hace llamar a la reflexión sobre quiénes son los personajes, que ahora sí sabemos los nombres, sabemos por lo menos una pequeña parte de los nombres (…) y son conscientes de que los agarramos».
LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
La información detallada por las autoridades en el «Diario Militar» refleja la atrocidad del Estado frente a la contrainsurgencia durante la guerra interna, y el descubrimiento del documento dio paso al caso judicial del mismo nombre, actualmente en proceso en una corte de alto riesgo guatemalteca.
Estrada, uno de los querellantes adhesivos del caso, tenía apenas un año de nacido cuando desaparecieron a su padre, Otto René Estrada Illestas, y, un mes después, a su tío Julio.
El padre de Paulo, militante del clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), fue capturado el 15 de mayo de 1984 en el centro de la Ciudad de Guatemala, en un amplio operativo en el que hubo una balacera y quedó herido, pese a estar desarmado.
El «Diario Militar» precisa que Otto René, ficha número 133, fue detenido a las 11.00 horas de aquel 15 de mayo y que «al tratar de poner resistencia, se le dio un balazo en el glúteo». Además, agrega la fecha 1 de agosto de 1984 seguida del código «300», un sinónimo de ejecución extrajudicial.
Crecer en la dualidad de festejar a su mamá el día de la madre y del padre, y de tratar de entender la desaparición de su progenitor, determinó la vida de Paulo Estrada, quien junto a otros sobrevivientes hoy da voz a cientos de familiares de desaparecidos del conflicto armado.
Estar sentados frente a los presuntos victimarios de sus familiares «ha sido algo que pensamos que nunca iba a pasar. Nunca creímos poder llegar a este punto. El caso ha sido, desde que salió en 1999, con mucha tensión alrededor. Es un documento que señala a estructuras muy fuertes, muy poderosas y creo que ese impacto también nos ha costado como digerir las cosas», subraya Estrada.
La detención de los exmilitares y expolicías acusados por el caso se llevó a cabo en mayo pasado con 12 capturas, incluidos Jacobo Esdras Salán Sánchez, exsubjefe del grupo de Adiestramiento de Operaciones Especiales, y el exministro de Defensa Marco Antonio González Taracena.
El caso se encuentra en el Juzgado de Mayor Riesgo B a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien ya ligo a proceso judicial a seis de los implicados y decidirá este viernes si imputa a los otros seis, quienes se encuentran internados en un hospital por supuestos quebrantos de salud.
Paulo Estrada admite que al ver a los acusados en las audiencias «les querés decir de todo, pero no se trata de rebajarnos a ese nivel. Queremos probar una verdad jurídica y vamos con toda la formalidad y la objetividad del caso».
Emiliano Castro Sáenz
