La defensa del exministro Guillermo Botero le solicitó a la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema que lo cite a declarar en el marco de investigación preliminar que se le adelanta por los hechos que rodearon el bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), y en el cual, según confirmó Medicina Legal, murieron ocho menores de edad.
Botero, quien renunció a su cargo como Ministro de Defensa el 6 de noviembre de 2019, momento en el cual se le adelantaba un debate de moción de censura en el Congreso de la República por su gestión, buscará aclarar todo lo que rodeó dicho operativo militar en contra de la estructura de ‘Gildardo Cucho’, jefe de las disidencias de ese grupo guerrillero en esa región del país el 30 de agosto de 2019.
En la denuncia presentada ante la Corte Suprema en contra de Botero se cita la intervención del senador Roy Barreras en el debate de control político, en el cual se revelaron los hechos que rodearon el bombardeo y la forma en cómo se le ocultó a la opinión pública que entre las víctimas se encontraban menores de edad puesto que en el pronunciamiento oficial solamente se dijo que eran «guerrilleros». Igualmente se citaron los informes de Instituto de Medicina Legal y una serie de informes periodísticos.
En la acción judicial, un ciudadano aseguró que Botero tenía conocimiento preciso y claro sobre la presencia de niños y adolescentes en el campamento y aun así tomó la decisión de bombardear , omitiendo todos los protocolos humanitarios que establecen proteger la vida e integridad de estos menores reclutados forzosamente.
Tras la primera sesión del debate de control político, Botero aseguró que nunca fue informado sobre la presencia de menores en dicho campamento. “Las operaciones militares siempre se desarrollan de acuerdo a estándares internacionales, cuando esta operación se hace, no se conocía de la presencia de menores”, explicó el entonces Ministro.
Igualmente señaló que todos los agentes que participaron en la operación coincidieron en manifestar que «‘Gildardo Cucho’ era una amenaza para la seguridad nacional y que por lo tanto se podía bombardear el sitio y todas estas operaciones tienen control judicial y estas operaciones estaban siendo supervisadas”.
“Corresponderá a las autoridades determinar la responsabilidad de GAO por utilizar en su estructura menores de edad y en ese sitio se encontraron dos fusiles, un arma de acompañamiento ametralladora y dos pistolas de calibre 45 milímetros y nueve milímetros”, indicó.
En el debate de control político se le cuestionó a Botero por ocultar e intentar justificar otros casos, entre ellos el asesinato del desmovilizado guerrillero de las Farc, Dimar Torres (Norte de Santander) y de Flower Trompeta, un joven campesino defensor de los derechos humanos (Arauca).
Igualmente, por las directrices con la que se pedía aumentar el número de bajas a las tropas -lo que reviviría el caso de los ‘falsos positivos’- y el abuso de la fuerza de las autoridades.
Tomado de RCN Radio
