El senador colombiano y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pidió este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena que le ordene al Estado modificar sus leyes con el fin de evitar la persecución política a funcionarios elegidos popularmente.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, efectuó este jueves la audiencia por la demanda de Petro contra el Estado de Colombia por las supuestas violaciones de sus derechos políticos cuando fue destituido del cargo de alcalde de Bogotá en 2013 por orden de la Procuraduría General, que lo encontró responsable por fallas en una iniciativa para la desprivatización del servicio de recolección de basura.
«El objetivo es tratar de hacer justicia para que en mi país se respeten los derechos políticos, que son derechos humanos: el derecho a elegir y a ser elegido sin que un funcionario administrativo que nadie eligió, los cercene», declaró Petro a Efe.
El actual senador colombiano afirmó que espera que la Corte Interamericana emita una sentencia en la que «ordene al Estado reformular las normas y las leyes de tal manera que se respete la Convención Americana (de Derechos Humanos) para que ningún ser humano en Colombia pueda perder sus derechos políticos sin una sentencia judicial de un juez competente».
En su relato ante los jueces, Petro aseguró que su destitución fue parte de una persecución de sus opositores políticos, debido a una serie de decretos que firmó como alcalde de Bogotá y por su ideología izquierdista.
El político dijo que esas iniciativas fueron una rebaja en las tarifas de transporte público para las personas vulnerables, un plan de ordenamiento territorial y la creación de una empresa pública de recolección de basura que empleó a unos 14.000 personas de escasos recursos conocidos como «recicladores», lo que desprivatizó el servicio.
Por estas decisiones, Petro recibió sanciones económicas, que se encuentran suspendidas temporalmente, por alrededor de 140 millones de dólares como parte de procesos de responsabilidad fiscal, según relató el senador.
El senador comentó que existe la posibilidad de que esa suspensión de las sanciones sea levantada, lo que lo inhabilitaría de participar por cargos de elección popular como puede ser la presidencia del país, puesto al que ya aspiró en las elecciones de 2018.
La demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que hubo violaciones de derechos humanos de Petro en el marco del proceso disciplinario que culminó con su destitución en el año 2013 y la inhabilitación política por 15 años.
En abril de 2014, el Consejo de Estado de Colombia reinstaló a Petro en el cargo acatando una orden judicial derivada de un recurso presentado por el funcionario.
La CIDH concluyó que las sanciones habrían violado los derechos políticos de Petro pues, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambas sanciones debieron imponerse por una autoridad judicial penal mediante condena en firme.
Según la demanda, la imposición de sanciones de este tipo por vía administrativa podría «afectar el juego democrático», ya que es al electorado al que le corresponde determinar la idoneidad de los candidatos mediante el ejercicio del sufragio.
Petro asegurá que en Colombia hay más de 2.000 casos de funcionarios públicos de elección popular, que como él, fueron sancionados o destituidos por una autoridad administrativa.
Tras la audiencia de este jueves, las partes tendrán un plazo de un mes para presentar a la Corte Interamericana sus alegatos finales por escrito, y a partir de entonces los jueces podrán emitir una sentencia en cualquier momento.
EFE
