Este es un trabajo publicado en la revista mexicana Proceso que contó con la colaboración de la Agencia de Prensa Análisis Urbano
Medellín, Colombia, 28 agosto de 2018.- En una sencilla casa de madera ubicada al borde de una pendiente en una de las montañas que rodean el Valle de Aburrá, un integrante de la dirección colegiada de La Oficina que se identifica como “Ocho” está acuartelado con sus hombres.
Alrededor de ese punto, desde el cual se aprecian a lo lejos Medellín y sus grandes edificios surgiendo de entre la vegetación, “Ocho” tiene varios círculos de seguridad que le permiten estar al tanto de todos los movimientos que ocurren en un área de cuatro kilómetros a la redonda.
Son días de zozobra y de confrontación en algunas comunas de Medellín y el dirigente de La Oficina –organismo cúpula de las bandas criminales del Valle de Aburrá y el centro de mando de un ejército urbano que las autoridades calculan en unos cinco mil hombres— vive en estado de alerta.
Sabe que, desde hace meses, el orden criminal de esta urbe depende de frágiles equilibrios que se pueden romper en cualquier momento.
“Hay mucha tensión en algunos sectores de la ciudad y hay el peligro de una guerra (entre bandas) que puede dejar miles de muertos”, dice “Ocho”, quien habla con Proceso con autorización de la dirección colegiada de La Oficina y del jefe más influyente dentro de la organización, Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como “Tom” o “Carlos Chatas”.
“Tom” fue capturado hace ocho meses y, de acuerdo con sus abogados, desde entonces está “inactivo” y dedicado a hacer gestiones de paz desde la cárcel La Picota de Bogotá.
“Ocho” está consciente de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha priorizado en su gobierno el tema de la seguridad, y que eso se ha traducido en la captura de mandos importantes de La Oficina.
La semana pasada, tras recibir a Gutiérrez en la Casa de Nariño, el presidente colombiano Iván Duque dijo que las fuerzas del Estado están “encima de las estructuras criminales de la mal llamada Oficina”.
Solo este mes, fueron detenidos por la Policía Nacional dos integrantes de la dirección colegiada de la organización delictiva, Mauricio Alberto Uribe Tabares, “El Grande”, y Juan Carlos Castro, “Pichi Belén”.
Pero de acuerdo con “Ocho”, vocero del grupo criminal urbano más poderoso de Colombia, “aunque hay más capturas, los cabecillas son sustituidos inmediatamente por otros, y la estructura delictiva sigue funcionando igual, pero con más más violencia”.
Esto, afirma, porque los nuevos jefes “tienen menos control sobre sus estructuras”.
El hecho es que los homicidios en Medellín han aumentado en 20 por ciento este año. Entre enero y el 19 de agosto de este año ocurrieron 403, contra 336 en el mismo periodo de 2017. Más de la mitad de los asesinatos (el 56 por ciento) son atribuidos por la Alcaldía a enfrentamientos entre bandas por el control territorial.
“Ocho” afirma que La Oficina, que controla el 90 por ciento de las estructuras criminales del área metropolitana de Medellín –el Clan del Golfo controla el restante 10 por ciento–, no sólo está decidida a acabar con esas disputas territoriales, sino que ya ha logrado importantes avances en ese sentido.
Esto, dice el vocero de la organización, como paso previo para propiciar un proceso de diálogo con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional), a fin de lograr “la paz urbana” en la segunda ciudad más importante de Colombia.
“Queremos acogernos a la justicia”, dice el vocero de la organización fundada en los 80 por el jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, y la cual, desde entonces, ejerce el dominio de barrios enteros de esa ciudad y de los otros nueve municipios que conforman el Valle de Aburrá: Envigado, Bello, Itagüí, Copacabana, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Girardota y Barbosa.
Esto, agrega “Ocho”, significa “que estamos dispuestos a desarmarnos, a desmantelar las estructuras criminales y a acabar con las rentas ilegales”.
De acuerdo con el vocero de La Oficina, la organización creada por Pablo Escobar para agrupar a todos los “combos” (pandillas) del Valle de Aburrá y que acabó como el brazo armado del Cártel de Medellín, quiere iniciar un proceso de paz que ponga fin al conflicto urbano que ha marcado a esta urbe desde los años 80.
Y lo quiere hacer ofreciendo a las víctimas “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, los cuatro pilares de la justicia transicional que se ha aplicado en Colombia para resolver conflictos con organizaciones armadas de origen político. La Oficina no tiene estas características.
“Lo que necesitamos –dice ‘Ocho’— es una fórmula jurídica que le permita una salida digna a la totalidad de los miembros de La Oficina, a los líderes y a la base, con rebaja de penas a cambio de reconocer delitos y con compromisos por parte de nosotros para reparar a quienes hayan sido víctimas de nuestra organización”.
También, agrega, se requiere un programa gubernamental “para reinsertar a la sociedad y a la vida productiva a los jóvenes que forman parte de nuestra estructura y que no han encontrado otras opciones más que el delito”.
Y esto ha sido, señala “Ocho”, por “la ausencia del Estado” en los barrios marginados de Medellín.
“La única salida de fondo al problema de la criminalidad es llevar a nuestros jóvenes educación, salud y opciones laborales”, asegura el vocero de La Oficina.
Considera que un proceso de paz con esas características lograría “la pacificación casi total de Medellín y una reducción de la violencia” nunca antes vista en la ciudad.
“Queremos entregar, como gesto inicial, 120 armas. Ese sería un primer paso. Y después empezar un proceso de acogimiento a la justicia. ‘Acogimiento’ nos parece un término más adecuado y amplio que ‘sometimiento’, porque apunta a soluciones de fondo”, asegura “Ocho” sentado ante a una mesa de plástico en la pequeña terraza de su refugio en la montaña.
Allí, frente a una tasa de café y un plato con frutas picadas, dice que Juan Carlos Mesa Vallejo, “Tom”, es reconocido por la organización como un jefe que tiene las condiciones para hacer acercamientos de paz con el gobierno desde la cárcel La Picota, donde está recluido desde diciembre anterior bajo cargos de concierto para delinquir, porte de armas y falsedad en documento.
“Tiene todo nuestro respeto y quiere la paz”, asegura.
Emporio delictivo
Durante toda la entrevista, “Ocho” habla en plural. Hace sentir que su voz es la voz de la dirección colegiada de La Oficina, una especie de Estado Mayor de la delincuencia del que emanan las líneas generales de acción para unas 200 estructuras del crimen organizado en el Valle de Aburrá, la mayoría de ellas “combos” (pandillas) y bandas.
“Ocho”, cuyos escoltas están concentrados en un cuarto de la casa que da al pasillo donde transcurre la conversación, asegura que nada de lo que ocurre en el mundo delictivo de la enorme mancha urbana de 4.5 millones de habitantes cuyo epicentro es Medellín le es ajeno a La Oficina.
“La mayoría de los ‘combos’ (pandillas) son autosuficientes. Tienen plazas de vicio (en las que se venden todo tipo de drogas) y, si no, deben pagar arriendo por ellas. Hacen ‘vacunas’ (extorsión) a buses (de transporte público), a negocios, a camiones repartidores, a casas (a las que les vende ‘seguridad’), pero de cualquier negocio ilegal que se hace en Medellín, La Oficina cobra algo”, explica.
Dice que a muchos jefes, incluso a él mismo, les disgusta que los “combos” extorsionen a empresas y a particulares.
“Lo vemos mal, porque los ‘combos’ solo se deben lucrar de actividades ilegales, sin perjudicar a la población. Consideramos eso como un abuso a la gente de la comunidad, pero como en toda familia, siempre hay un feo. Son cosas que no nos gustan, pero tratamos de erradicarlas, y los ‘combos’ se tiene que manejar con respeto y fidelidad a sus mandos”, asegura.
Sostiene que una forma de “erradicar” las arbitrariedades contra la comunidad es “fomentando que los mismos ‘combos’ hagan ‘microempresas legales’, como la comercialización de huevos y arepas (las tortillas colombianas); muchos están haciendo esto como parte de la mutación que sufre toda actividad criminal”.
Los “combos” también manejan alambiques clandestinos, apuestas y loterías ilegales, microtráfico en las esquinas de los barrios, prostitución, venta de lotes en asentamientos irregulares y los créditos “gota a gota”, por los que cobran intereses de hasta el 20 por ciento mensual y los cuales han exportado a diversos países latinoamericanos, inclusive a México.
Pero el gran negocio de La Oficina son los porcentajes que cobra por recuperar deudas, por “servicios de seguridad” y por el uso de los territorios bajo su control para actividades ilegales.
“Si, por ejemplo, alguien debe 30 millones de pesos (unos 10,500 dólares) y los acreedores nos buscan para hacer el cobro, nosotros vamos, cobramos el dinero, y nos pagan un porcentaje de entre el 40 y el 50 por ciento”, dice “Ocho”, quien siempre responde en forma pausada y tras repasar mentalmente por unos segundos lo que se le pregunta.
No es fácil entender la lógica criminal de La Oficina. Nació como una confederación de bandas al servicio del Cártel de Medellín y la muerte o captura de sus sucesivos jefes –Pablo Escobar, “Don Berna”, “Sebastián” y, más recientemente, Juan Carlos Mesa Vallejo, “Tom”— la fue transformando en otra cosa.
Hoy es una estructura armada cuya fortaleza se centra en Medellín y su zona metropolitana, pero que también tiene presencia en otros municipios del departamento de Antioquia y en tres grandes ciudades colombianas: Bogotá, Cali y Pereira.
Su poder radica en su capacidad militar. Es muy probable que en ningún otro país de América Latina exista un ejército urbano tan cohesionado, fuerte, organizado, de tanta flexibilidad táctica para adaptarse a las circunstancias y con tanta capacidad para ejercer un dominio territorial como el que ejerce La Oficina en el Valle de Aburrá.
No sólo ha acumulado una experiencia de más de 30 años en guerra urbana, sino que ha asimilado tácticas de lucha guerrillera y tiene una formación paramilitar. También aprendió a crear una base social en las comunidades.
Su autoridad en el mundo criminal y en los espacios donde la legalidad y la ilegalidad son conceptos difusos emana de la calidad y cantidad de sus pertrechos bélicos: fusiles de última generación, metralletas ligeras, rifles con miras telescópicas y silenciadores, lanzagranadas, morteros, pistolas SIG Sauer, Glock, Five-seven, Beretta, y artillería pesada para cuando la ocasión lo amerite.
“Medellín está inundado de armamento. No tenemos ningún problema para conseguirlo”, asegura “Ocho” luego de dar un sorbo a una botella de agua.
Si hubiera que definir la esencia de La Oficina como empresa criminal habría que llamarla una “oficina de cobro”. En el mundo legal, los acreedores con clientes morosos acuden a los abogados. En Medellín y el Valle de Aburrá, los narcotraficantes, los extorsionistas, los operadores del crimen organizado en general, y no pocos empresarios, acuden a La Oficina.
En Medellín se dice que es más fácil que los bandidos roben un banco a que le roben a La Oficina. Basta que en el ámbito criminal se sepa que determinado narcotraficante (o “traqueto”, como les dicen en Colombia) está respaldado por esa organización, para que eso tenga un efecto disuasivo en cualquier adversario que se quiera pasar de listo.
Contratar a La Oficina es, en el espacio de la ilegalidad, como contratar un seguro de vida o un bufete jurídico de renombre en la economía formal.
“El narcotráfico –asegura ‘Ocho’— no es el fuerte de La Oficina, eso dejó de serlo desde Sebastián (un exjefe de esa organización capturado en 2012) y no manejamos rutas del narcotráfico. Cobramos sus deudas, no mencionadas como narcotráfico, sino como dinero que hay que cobrar. Medellín es base de muchas operaciones de narcotráfico, pero las hacen particulares”.
De acuerdo con el vocero de La Oficina, los “particulares” que están involucrados en ese negocio “no pueden tener acá (en el Valle de Aburrá) sus propios ejércitos” porque “la seguridad, por disposición de nosotros, se las brinda nuestra organización, y ellos tienen que manejarse con mucha coordinación con nosotros en temas bélicos o de seguridad”.
En esos asuntos, dice, “ellos deben seguir los direccionamientos” de La Oficina.
“Dependiendo de la seguridad que se les dé, hay que pagar. Por ejemplo, por mover dinero, por recuperar dinero que les roban, o una caleta (escondite) con droga que les roban, ellos deben pagar un porcentaje de alto valor. Eso puede ser más rentable que traficar directamente con drogas. ‘Tom’ (Juan Carlos Mesa Vallejo) nos inculcó eso”, asegura.
Mesa Vallejo, quien desde La Picota hizo saber a Proceso a través de uno de sus abogados que “Ocho” es un vocero autorizado de La Oficina, no enfrenta cargos por narcotráfico ni está solicitado en extradición por Estados Unidos, aunque figura en la Lista Clinton y eso le prohíbe hacer transacciones financieras o negocios en ese país.
“Trabajamos con todos”
Entre los clientes de La Oficina, figuran, desde luego, los cárteles mexicanos de las drogas.
“Trabajamos con todos (los cárteles mexicanos), no tenemos preferencia por ninguno, eso ya depende de que ellos hagan tratos con los ‘combos’ que prefieran, pero nosotros les damos acompañamiento en su seguridad, o si hay dinero extraviado les ayudamos a recuperarlo. Mientras vengan con una buena referencia, no hay ningún problema”, dice “Ocho”.
El vocero no se ufana del poder de La Oficina, pero tiene bien medido el peso específico de la organización.
“No tenemos el control de Medellín, solo de una parte de la ciudad. No somos más poderosos que las instituciones del Estado, pero no nos han podido acabar ni nos van a acabar con capturas y muertes. Lo que se necesita es una salida dialogada, en el marco de la ley, que se acompañe de un plan efectivo de desarrollo que lleve empleo a las comunidades”, sostiene.
Considera que los programas sociales que hay ahora en Medellín, los cuales han sido elogiados y replicados en otras ciudades de América Latina, son insuficientes para resolver las causas estructurales de la criminalidad.
Para el representante de La Oficina, las autoridades “nunca van a recuperar el control territorial a sangre y fuego” pero podrían hacerlo “con intervención social” en el marco de un proceso de paz.
Una estrategia basada en el uso de la fuerza, afirma, sólo hará “que siga la presencia de grupos armados en las comunidades”.
“Ocho”, quien se asume como un católico abierto a las enseñanzas del budismo y de religiones evangélicas, asegura que La Oficina tiene una dimensión social, pues algunos de sus integrantes ejercen funciones de liderazgo en los barrios para resolver problemas de la gente.
“Gran parte de la comunidad está con nosotros porque llenamos vacíos que deja el Estado. Damos seguridad, actuamos contra violadores, resolvemos diferencias entre las mismas familias… los ´combos´ venden droga, pero esto no es un problema de Medellín, es del mundo. La Oficina ha ordenado no vender drogas a los niños, y si hay una persona de la comunidad a la que se le están violando sus derechos, actuamos con base en la razón”, afirma.
Por ejemplo, explica, cuando una constructora llega a un lote irregular habitado durante varios años por familias pobres y las quiere sacar, “nosotros vemos eso como una vulneración de derechos y lo que hacemos es buscar a los constructores o a los políticos que quieren hacer eso y buscamos una solución que favorezca la razón y que respete a la gente”.
Y si es imposible lograr un arreglo, “no se deja que hagan nada en ese lote”, asegura.
–¿Ustedes tienen amigos políticos? –se le pregunta a “Ocho”.
–No los llamemos amigos, pero hay políticos que han buscado una salida al conflicto urbano. Son personas a las que les duele lo que ocurre en la ciudad, tanta violencia, y esto no es un secreto.
–¿Y tienen amigos en otros ámbitos de la economía formal?
–La Oficina tiene muchos amigos empresarios, consultores…
–¿Y policías y autoridades?
–Con la policía tenemos un juego del gato y el ratón, pero muy seguido capturan aquí policías que están en la nómina de La Oficina. Eso ha existido, existe y existirá. Y esto incluye a oficiales.
Gerente con formación militar
Medellín es una ciudad cálida. Los colombianos la conocen como “la ciudad de la eterna primavera”. Casi todo el año hace calor y por las tardes llueve. En la montaña donde se hace la entrevista sopla un aire limpio y fresco, casi vegetal. “Ocho” lleva puestos un rompevientos ligero, un pantalón de drill y gafas oscuras.
Él observa un celular que está sobre la mesa y en el cual se está grabando la entrevista.
“La mejor comunicación es la personal o por emisarios”, comenta.
El vocero de La Oficina es un hombre reflexivo que está muy al tanto del acontecer nacional.
Sabe cómo marcha la implementación de la paz con la ex guerrilla de las FARC y siguió con mucha atención los pormenores de las elecciones presidenciales en Colombia, las cuales ganó el candidato derechista Iván Duque, quien asumió el cargo el 7 de agosto pasado.
–Nosotros somos apolíticos –sostiene “Ocho”.
–¿Qué funciones específicas tiene usted en La Oficina, son administrativas o militares?
–Soy un gerente con formación militar –señala.
Algunos de sus escoltas cruzan seguido por el pasillo de la casa donde transcurre la plática y preguntan si se ofrece más tinto o agua para beber. Otros encienden un televisor en una de las habitaciones para ver un partido de futbol y celebran las jugadas en ocasiones.
Para que le permitieran el acceso a ese sitio, el reportero tuvo antes que cambiarse de ropa en la casa de un barrio de la zona metropolitana de Medellín. Emisarios de “Ocho” le indicaron que debía ponerse una camiseta y un pantalón deportivo que le entregaron, ambos recién desempacados.
“Es por seguridad, hay microchips de rastreo que se colocan en la ropa”, explica “Ocho”.
El vocero de La Oficina dice que si se pudiera lograr una fórmula para dejar las armas y acogerse a la justicia, abandonaría con gusto la vida criminal.
“En este mundo hay gente despiadada, sin corazón, y me ha tocado lidiar con ellos en lo verbal y en lo militar. Yo no hubiera querido estar donde estoy. Mi proyecto de vida siempre fue familiar, pero a mí me querían matar (tenía 18 años y llevaba una vida normal, de clase media) y tuve que buscar refugio y seguridad en La Oficina”, relata.
Afirma que ha logrado ascender en la estructura por su “seriedad, lealtad y capacidad y, dentro de lo malo, le puedo decir que he salvado vidas, y no pocas, por labores de mediación”.
La Guerra Fría
En los 90, Medellín llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo, con 45,370 homicidios en esa década, uno cada dos horas en promedio. Y el renovado ascenso de la violencia este año por el enfrentamiento entre bandas causa alarma entre la población.
Para el principal experto en conflicto urbano en Medellín, Luis Fernando Quijano, lo que se ha observado en la ciudad en los últimos meses es una disputa entre dos grupos de La Oficina.
Uno, el mayoritario, es el de Juan Carlos Mesa Vallejo, “Tom”, quien es reconocido por la influencia que ejercía en el 80 por ciento de los “combos” de La Oficina antes de ser detenido. El otro era una “disidencia” minoritaria que está encabezada por las bandas La Terraza, al mando de “Douglas”, y Los Pesebreros, de “Carlos Pesebre”.
Quijano llama a los disidentes “la línea 20” de La Oficina, porque ese sería el porcentaje de combos de la organización que controlan: el 20 por ciento, mientras que a la estructura de “Tom” la denomina “la línea 80”.
“Ocho” reconoce que hay “tensión y enfrentamientos sectoriales” en las Comunas San Javier y Robledo y en el corregimiento Altavista.
En San Javier, que se conoce también como la Comuna 13, los homicidios han aumentado este año un 76 por ciento este año como resultado de los enfrentamientos entre bandas. Entre enero y el 19 de agosto de 2018 ocurrieron 53, contra 30 en el mismo periodo de 2017.
Este semanario conoció que “Tom” hizo gestiones a través de intermediarios para que “Douglas”, “Barny” y el “Gordo Pichi” –los tres encarcelados en diferentes prisiones del país— ayuden a poner fin a los enfrentamientos y se sumen a la iniciativa para buscar un proceso de paz con el gobierno.
Sin embargo, la banda Los Pesebreros, de “Carlos Pesebre”, quien está encarcelado en Valledupar, sigue enfrentado a la unión “Chivos-Pájaros”, en la Comuna 16, y a otras bandas de las Comunas 7, 12 y 13 que son apoyada por la “línea 80” de La Oficina.
“Lo que ha enmarcado estos conflictos es la falta de comunicación –dice ‘Ocho’–. Esto se puede parar con el diálogo, porque las tensiones han sido creadas por personas de los sectores. Son temas específicos de los sectores. No creemos que haya interés de quitarnos espacios, sino intereses particulares que se están interponiendo en algunas zonas”.
“Ocho” reconoce, sin embargo, que existe el riesgo de que esas disputas sectoriales lleven a una confrontación entre la cúpula de “línea 80” de La Oficina, a la que él pertenece, y Los Pesebreros.
De acuerdo con una fuente consultada por este semanario, la banda de “Carlos Pesebre” contaría en San Javier con el respaldo de facciones locales del Clan del Golfo –conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), por su origen paramilitar–, un grupo delictivo que tiene una presencia marginal en la ciudad pero que es el cártel de las drogas más poderoso de Colombia.
“Sabemos que la guerra nunca es buena para nadie, todo mundo pierde, y estamos haciendo lo posible por evitarla y por incorporar a todos a un proceso de paz”, afirma el vocero de La Oficina.
Luis Fernando Quijano explica que “Carlos Pesebre” y los jefes de la “línea 80” todavía no se están disparando entre ellos “pero están detrás de los enfrentamientos que hay en varias zonas de la ciudad”.
Dice que lo que hay hoy en Medellín es una especie de “Guerra Fría” que puede decantar hacia el diálogo o hacia una guerra que dejaría miles de muertos, como las que han sacudido a Medellín en otras épocas.
“Lo que pasa diario en las comunas nos está mostrando que algo malo está ocurriendo, algo muy grave, y la institucionalidad no está preparada para enfrentar las consecuencias sociales de una guerra”, afirma Quijano, quien es presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y director del portal especializado en crimen organizado Analisisurbano.org.
“Ocho” afirma que diferentes mandos de La Oficina están tratando de evitar que las confrontaciones sectoriales se desborden a toda la ciudad.
“Por eso veo con optimismo que se pueda evitar una guerra”, señala.
La aspiración de la dirección colegiada de La Oficina, indica el vocero de la organización, es ir unidos a un proceso de “acogimiento a la justicia” que lleve a la pacificación de la ciudad.
“Queremos que el gobierno nacional dé un impulso a esto, no con una mediación, sino que abra las puertas a un proceso de reconciliación a nivel del área metropolitana de Medellín y de las estructuras que tenemos en otras ciudades. En esto podrían participar también otros actores armados que hacen parte del conflicto urbano en todo el país”, señala “Ocho”.
Para Quijano, un acuerdo entre la “línea 80” de La Oficina, Los Pesebreros y el Clan del Golfo, sería “la antesala de la pacificación de Medellín”.
“Ocho” confía en que se están dando las condiciones para transitar hacia un proceso “de paz y reconciliación” que acabe, o al menos reduzca a su mínima expresión, el conflicto urbano en Medellín.
La paz, asegura, significa “la desaparición de La Oficina” y la desintegración total de la estructura armada que quedó tras la caída del Cártel de Medellín.
PROCESO
RC
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