Varios meses de investigaciones, seguimientos e interceptaciones telefónicas permitieron a la Fiscalía capturar y obtener la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luz Yenni Cardona, de 42 años de edad, como presunta responsable de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.
Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 29 de junio de 2017, cuando la mujer llamó a la línea de emergencias 123 para reportar la muerte de su compañero sentimental Rodrigo Alonso Mejía Giraldo, de 41 años. Su cadáver fue encontrado en la cama de la pareja con un plástico amarrado a la cabeza y signos de estrangulamiento. El hecho se reportó a las 10 de la mañana en una vivienda del barrio Robledo Kennedy de la capital antioqueña.
La procesada dijo a las autoridades que salió a cumplir una cita en una inspección de Policía del vecino municipio de Bello y que cuando regresó encontró a su esposo muerto y la habitación saqueada. Dijo además que del inmueble fueron hurtados un dinero en efectivo que la víctima tenía para comprar un taxi y varias joyas de propiedad del hoy occiso.
Los investigadores determinaron que la puerta de la vivienda no fue violentada y que el cadáver no registraba signos o lesiones de carácter defensivo. Por su parte, los médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hallaron en la orina del occiso más de cuatro sustancias consideradas depresoras del Sistema Nervioso Central, que pusieron a la víctima en un estado de completa indefensión.
Varios testigos declararon a la Fiscalía que a la vivienda no ingresó nadie distinto a la implicada y que en el año 2016, Mejía Giraldo fue agredido con arma blanca por su esposa pero que el hecho no fue denunciado por el ofendido.
También se estableció que días después del homicidio, la procesada habría negociado por teléfono una de las joyas que fueron reportadas en el hurto.
Luz Yenni Cardona fue capturada este miércoles por miembros de la Sijín de la Policía Nacional y no se allanó a los cargos imputados.
El Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso la medida restrictiva de la libertad y compulsó copias para que se investigue penal y disciplinariamente a un abogado de confianza de la procesada por tratar de desviar la investigación.