A Alejandra Méndez, Lina Jiménez y Lizeth Rodríguez, procesadas por el atentado al centro comercial Andino, no las han dejado comunicarse con sus familiares ni abogados. Fueron trasladadas a la cárcel Picaleña (Ibagué) el pasado martes. Hay otras internas sobre las que no se conoce su paradero. Inpec no se quiso pronunciar.
Alejandra Méndez, Lina Jiménez y Lizeth Rodríguez se sintieron estigmatizadas por la guardia de la cárcel el Buen Pastor (Bogotá) desde la semana pasada, luego de que el pasado martes participaran en unas protestas en contra de la restricción de las encomiendas a la cárcel. La movilización terminó con una intervención del Inpec en medio de la cual resultaron levemente heridas unas 15 internas. Ellas tres creían que en cualquier momento esa institución podía tomar retaliaciones en su contra por manifestar su descontento. El pasado martes en la madrugada fueron sustraídas del patio 7 de esa penitenciaría y las trasladaron a la cárcel Picaleña, en Ibagué (Tolima). Desde ese día ni sus familiares ni sus abogados se han podido comunicar con ellas.
El 21 de marzo se vivió otra jornada de protestas en varias cárceles del país, algunas terminaron en hechos violentos. La situación más crítica se dio en La Modelo (Bogotá), donde murieron de manera violenta 23 reclusos, según el reporte oficial. En el Buen Pastor también se dio un cacerolazo, pero Méndez, Jiménez y Rodríguez aseguran que no pudieron participar de la actividad debido a que habían sido recluidas en sus celdas desde las 5 de la tarde y la protesta se dio hacia las 9 de la noche. Las tres están en prisión preventiva, esperando que inicie el juicio hace casi tres años, señaladas por la Fiscalía de participar en el atentado con explosivos en el centro comercial Andino, el 17 de junio de 2017, y de hacer parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Aunque un juez ordenó su libertad por ese caso, el ente investigativo elaboró otro proceso en el que aseguró que hacen parte del ELN y por eso siguen privadas de la libertad.
Los familiares de ellas tres se enteraron de que habían sido sustraídas del patio gracias a una información que recibieron de parte de otra interna en la mañana del martes. Cuenta Cristina Molano, madre de Alejandra, que desde ese momento, abogados y seres queridos empezaron a llamar al Buen Pastor para saber en dónde las tenían, pero no recibieron ninguna respuesta. Entonces llamó a la dirección nacional del Inpec, “una niña muy amable buscó y de escucharme mi angustia me dijo ‘no, pues acá dice que tiene un traslado para la cárcel de Ibagué’», relata
Siguieron la búsqueda y recibieron una comunicación por parte de una interna de Picaleña que confirmó que a ese penal llegaron Méndez, Jiménez y Rodríguez. Molano cuenta que el jueves llamó a un número telefónico que le dijeron que era del director de esa cárcel, ella cuenta que esa persona “dijo que los traslados habían sido por las protestas de la semana pasada”. Las familias y sus defensores denuncian que hasta el momento el Inpec ha mantenido incomunicadas a las reclusas. “El Inpec en ningún momento ha argumentado que ellas están incomunicadas por alguna falta que ellas hayan hecho, sino que es una decisión arbitraria de mantenerlas en un calabozo, supuestamente por la cuarentena que deben guardar por la pandemia”, enfatizó David Uribe, defensor de Rodríguez. “Uno de los derechos fundamentales es saber cómo está ella, que nos den razón”, pidió Molano.
Colombia2020 pudo establecer que en el Buen Pastor se dieron más traslados. Se trata de las prisioneras, Carolina García y Sandra Rodríguez, del patio dos, reconocidas defensoras de derechos humanos de las reclusas. No conocemos adónde fueron llevadas. También hubo traslados de La Picota, cuatro personas que según el partido Farc fueron integrantes de la guerrilla. Rodrígo Granda, uno de los dirigentes de esa colectividad, aseguró que pudieron establecer que se encuentran en Picaleña.
Aunque desde el pasado martes este diario ha intentado comunicarse con un vocero del Inpec para conocer su versión y que se defiendan de los señalamientos, ha sido imposible que esa entidad se pronuncie. Sólo logramos comunicarnos con la oficina de prensa, en la que respondieron “se han hecho movimientos por seguridad de algunos privados de la libertad y eso está dentro de las facultades que otorga la emergencia carcelaria”. Frente al hecho de que están incomunicadas dijeron “no tenemos información”. El Espectador conoció que la Defensoría del Pueblo ya tiene conocimiento de los casos y está haciéndoles seguimiento.
Los familiares están preocupados por la salud de las tres internas. A pesar de que en un boletín el Inpec había anunciado que como medida para mantener a raya el coronavirus decidió suspender todos los traslados, lo que hicieron con Méndez, Jiménez y Rodríguez fue lo contrario. La declaración de emergencia penitenciaria y carcelaria declarada por la misma entidad le da facultades para hacer los traslados.
A los familiares también les preocupa que todas tienen a sus seres queridos en Bogotá. “Exigimos que el Inpec reconsidere el traslado, que si por cualquier razón consideran que no deben estar en El Buen Pastor acá está la Cárcel Distrital, donde en su condición de sindicadas pueden estar perfectamente”, aseguró Uribe. El defensor también pide que los objetos personales de las tres jóvenes que se quedaron en la cárcel sean enviados a las familias o lleguen a Picaleña. “Apenas sacaron tres mudas de ropa”, contó.
No es la primera vez que Méndez, Molano y Jiménez sienten que el Inpec toma represalias contra ellas. En noviembre de 2019 participaron en un cacerolazo para apoyar el paro nacional en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Al otro día les hicieron una requisa en sus celdas y les decomisaron unos libros y cuadernos. Después de que El Espectador hizo pública la denuncia, la guardia les devolvió sus pertenencias.
“Yo, como madre, reconozco que ella tiene que afrontar un proceso y vamos a demostrar que mi hija es inocente, pero se han cometido muchas arbitrariedades”, concluyó Molano. Pide que a su hija, quien tiene problemas auditivos, se le garantice el acceso a un audífono que necesita para poder escuchar y baterías para el mismo. “Esto más que una responsabilidad del Inpec nos parece una estrategia estatal para atacar la moral de ellas en búsqueda de una confesión, de que cedan a la presión para obtener por mecanismos extralegales algo que no han podido judicialmente: comprobar su supuesta responsabilidad (en el atentado del Andino)”, señaló Uribe.
Tomado de El Espectador
