El Personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, y el Personero Delegado para los Derechos Humanos, Luis Fernando Giraldo, presentaron el último componente del Informe Anual de Derechos Humanos– vigencia 2019, con los resultados de la línea de Investigación “Grupos Poblacionales”; Niños, Niñas y Adolescentes, Adultos Mayores, migrantes, personas con discapacidad, habitantes de y en situación de calle, población afrodescendiente, personas privadas de la libertad y población indígena.
En el componente “Grupos Poblacionales”, la situación de las personas privadas de la libertad, sigue siendo preocupante y los resultados en el año 2019 muestran que el hacinamiento en las estaciones de policía llegó al 765 por ciento, siendo la situación más crítica la de la estación Candelaria donde alcanzó el 858 por ciento.
A esta situación de hacinamiento se le suman otras problemáticas identificadas por esta agencia del Ministerio Publico y que enfrentan las personas retenidas en las estaciones de policía, como como la indebida alimentación; la provisión insuficiente de agua potable y dispositivos para el aseo diario; la carencia de luz solar y entradas de aire fresco; la falta de lugares para dormir, factor que obliga a los privados de la libertad a utilizar los espacios de los baños y corredores para tal fin por lapsos intercalados; la falta de lugares para ejercer actividades diarias de esparcimiento, trabajo, estudio, capacitación, entre otras; la descontrolada propagación de enfermedades infectocontagiosas y respiratorias, los virus y bacterias, que son adquiridos y contagiados dadas las condiciones de hacinamiento y desaseo en que se encuentran.
En las recomendaciones que hace la Personería de Medellín a las diferentes autoridades por la situación de las personas retenidas en las estaciones de policía y centros de reclusión, está la de un cambio de política de privación de la libertad en cuanto a sus fines y pasar a un enfoque de desarrollo humano, pues debe abordarse en el contexto de la necesidad de reformas integrales y en el marco del diseño de una nueva política criminal. También se recomienda evitar el ingreso a la justicia penal, los casos que no deberían ser motivo de esa respuesta, promoviendo mecanismos como la conciliación, mediación y reparación a la víctima. Igualmente implementar sanciones no privativas de libertad, reservando la cárcel sólo para los delitos violentos y que causen grave daño social.
En el Informe Anual de Derechos Humanos vigencia 2019 hay recomendaciones a las diferentes autoridades para mejorar las condiciones de los grupos poblacionales; para la población migrante es necesario consolidar una respuesta integral y articulada del nivel nacional con el nivel local para lograr cohesión y coherencia en la atención a población refugiada, y generar apuestas de integración socioeconómica entre los migrantes y las comunidades de acogida.
Sobre los habitantes de y en situación de calle se recomienda consolidar de manera prioritaria un censo actualizado de esa población, en el que se incluya, de manera detallada, una caracterización demográfica y socioeconómica que evidencie las necesidades particulares y de gran dimensión, con información estadística veraz y confiable, que determine las causas que los llevaron a la habitabilidad de calle, estilos de vida en calle, sectores de asentamiento, actividades económicas, índices de consumo, sustancias de mayor consumo, de tal forma que sirva como insumo para la adecuación, y si es el caso, para la restructuración de la Política Pública Integral de Habitantes de Calle. Asimismo, ahondar esfuerzos en campañas de prevención orientadas a que el fenómeno no se repita en el transcurso del tiempo.
