A pesar de las acciones emprendidas por el Personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, en la búsqueda del restablecimiento de los derechos de la Población Privada de la Libertad recluida en centros de detención transitoria, la situación continúa siendo crítica y no se le ve solución a corto plazo.
Si bien es cierto, la ley estipula que una persona no puede superar un lapso de 36 horas retenido en una estación de policía, la realidad pone de presente una sobrepoblación equivalente al 526% en estos centros transitorios. Es usual, encontrar personas que inclusive cumplen la fase de ejecución penal en estas circunstancias, privándose su derecho al debido proceso en el marco del desarrollo de otras garantías, como la resocialización y redención.
Durante lo que va corrido del año, el Personero Municipal ha sido insistente en el seguimiento a la Sentencia proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, STP 14283 de 2019, por medio de la cual se ordena a los entes territoriales, entre otras, brindar atención integral en salud a las Personas Privadas de la Libertad, realizando un seguimiento periódico al cumplimiento de la misma. Se han realizado 11 mesas de trabajo, que demuestran que las barreras siguen anteponiéndose a la dignidad de este grupo poblacional que evidencia la persistencia del llamado estado de cosas contrario a la constitución política, pues transcurridos más de 10 meses de proferido el fallo, no se ha logrado la implementación integra del mismo.
En la implementación del decreto 804 de 2020 «Por el cual se establecen medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes territoriales y se adoptan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, Reconocemos el esfuerzo de la administración municipal » con la entrega de las salas transitorias para personas detenidas, o las celdas de paso Minorista, pero escasamente pueden albergar el 10 por ciento de las personas detenidas en los centros de detención transitoria. El problema de hacinamiento persiste y mientras estos sitios tienen un capacidad de albergar unas 500 personas, hoy la cifra de detenidos es de 2.507 personas hacinadas, en condiciones inhumanas donde persisten los problemas de salud, higiene y alimentación.
Ahora, cuando se da vía libre para que se retomen los traslados, se suma que, a la fecha los centros de reclusión de Bello, Medellín e Itagüí no cuentan con zonas de aislamiento para la ejecución de los lineamientos del Ministerio de Salud y de la misma Dirección General del INPEC, si bien se han adecuado espacios improvisados para esos fines, la ilusión está puesta en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, para que agilice las obras pendientes, que a la fecha no superan el 30% en avances.
Desde la Personería de Medellín, continúan las constantes visitas a los centros transitorios de detención, verificando las condiciones de reclusión de estas personas, mediando para lograr el restablecimiento de sus derechos en la medida de las posibilidades, a la par que se continuará ejerciendo las acciones constitucionales ante las autoridades responsables, la búsqueda inmediata de soluciones para esta situación que se constituye en una vulneración de derechos humanos y representa un atropello a la dignidad humana.
