Miami (EE.UU.), 7 de julio de 2025.- Al cumplirse este lunes cuatro años del magnicidio del presidente Jovenel Moïse de Haití, los haitianos viven la mayor crisis tanto en su país como en Estados Unidos, donde su zozobra crece ante las políticas del Gobierno de Donald Trump, como el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) y del ‘parole’ humanitario.
Las medidas de la Administración Trump exponen a al menos 731.000 haitianos que entraron de forma legal a la deportación a su país, donde no hay presidente electo y la violencia de las pandillas ha aumentado desde el asesinato de Moïse en 2021, con más de 4.000 homicidios en la primera mitad de 2025, según la ONU.
El miedo es palpable en particular en Florida, región con la mayor diáspora haitiana, pues acoge a unos 369.000 inmigrantes de Haití, más de la mitad de los que hay en Estados Unidos, según el Center for Immigration Studies (CIS).
«Es estresante para las personas que vinieron aquí y cuyas naciones están en guerra y agitación, saben que si vuelven sus vidas están en peligro. Pero ya estaban aquí, estaban trabajando y contribuyendo», expresó a EFE Marleine Bastien, concejal del condado de Miami-Dade nacida en Haití.
En particular, líderes de origen haitiano en Florida cuestionan que, para eliminar el TPS, el Gobierno de Trump argumenta que el ambiente «ha mejorado lo suficiente» en Haití, pero semanas antes, el 4 de junio, anunció una prohibición de viaje al país ante el crimen y disturbios civiles por la violencia de las pandillas.
Desplazados con «crueldad»
Los retornados a Haití, de alrededor de 11 millones de habitantes, se sumarían al récord de 1,3 millones de personas desplazadas por la violencia a nivel interno, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Además, la economía padecería el impacto, pues el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país caribeño depende de la diáspora haitiana, que envió 4.100 millones de dólares en 2024 a la nación, cuya mitad de la población vive inseguridad alimentaria, según la ONU.
Por ello, Paul Christian Namphy, director político del Family Action Network Movement (FANM), una de las principales organizaciones defensoras de haitianos en Estados Unidos, consideró un «acto de crueldad» la posible deportación de estas cientos de miles de personas.
«Arriesgan sus vidas, eso es muy claro, y decimos que la Administración que puso en peligro a nuestros inmigrantes, miembros de nuestras comunidades legalmente aquí, esa Administración va a tomar toda la responsabilidad de cualquier cosa que les ocurra», expresó Namphy a EFE.
Los haitianos llegaron de forma legal a Estados Unidos, según recordaron Bastien y Namphy, pues la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) amplió en 2023 el ‘parole’ humanitario para proteger de la deportación a 210.000 haitianos y en julio de 2024 alargó el TPS para 521.000 de ellos hasta 2026.
Trump ordenó eliminar ambas protecciones, además de prohibir viajes con ese país, aunque jueces han suspendido el fin de estos programas migratorios, cuyo futuro aún es incierto.
«A los haitianos los invitaron a venir aquí, eran legales, tenían papeles, estaban trabajando y ahora, de un lunes para otro, se convirtieron en indocumentados», lamentó la concejal de Miami-Dade.
«Extrema incertidumbre»
En Miami aún está pendiente uno de los juicios a cinco implicados en el magnicidio de Moïse, torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.
Desde entonces, no ha habido elecciones y la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en junio una resolución impulsada por Estados Unidos que urge a los países miembros a «que presten apoyo según sus capacidades» a la misión multinacional de seguridad desplegada el año pasado en Haití.
Pero esto ocurre en paralelo a los esfuerzos de Trump por cumplir sus promesas de deportaciones masivas, advierte el coordinador político de FANM, quien percibe un clima de «extrema incertidumbre».
«La Administración actual está ilegalizando a inmigrantes legales y poniéndoles un blanco para su deportación a un contexto muy, muy, muy peligroso en su país», acusó.
Pedro Pablo Cortés
EFE