Los tres cuerpos que presentan disparos en el cráneo fueron exhumados en 2017 del cementerio de Orobajo por el Laboratorio de Osteología Antropológica Forense de la Universidad de Antioquia y comprobarían que no es verdad que los cuerpos exhumados en la zona del mega proyecto no tuvieran ninguna relación con el conflicto armado, como sostiene EPM. Ahora, por orden de la JEP, estarán en manos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para su proceso de identificación.
La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, determinó que hay tres cuerpos con disparos de arma de fuego, provenientes del cementerio de Orobajo (municipio de Sabanalarga, Antioquia), en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico de Ituango, exhumados en 2017 por solicitud de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para continuar con el llenado del embalse de la mega obra. De hecho, en el escrito, del 2 de noviembre de 2017, en el que EPM comunica a la Fiscalía cómo se hará la exhumación de los cuerpos enterrados en los cementerios de Orobajo y Barbacoas (municipio de Peque, Antioquia) esta entidad asegura que estos cuerpos “no están relacionados con el conflicto armado, por lo cual no se encuentra dentro de sus competencias autorizar ni intervenir en el procedimiento del traslado administrativo”.
Pese a los evidentes signos de violencia de algunos de estos cuerpos, comprobados recientemente por la UIA, los cuerpos fueron exhumados y custodiados por el Laboratorio de Osteología Antropológica Forense de la Universidad de Antioquia. El hallazgo es sumamente preocupante para la Jurisdicción Especial de Paz porque no se entiende cómo fueron a parar allá estos cuerpos que por presentar signos de violencia debían tener otro proceso de exhumación, investigación e identificación, como dicta la ley, porque entre otros asuntos podrían corresponder a personas asesinadas y desaparecidas forzadamente con ocasión del conflicto armado.
En el auto AT 034 del 10 de marzo de 2020, conocido por este diario, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial de Paz (SARV) manifestó su especial sorpresa y preocupación “ante la posible inobservancia de la ley y los protocolos relacionados con las tareas adelantadas, tanto durante el proceso de exhumación, como de conservación de los cuerpos, lo que podrían derivar en serias afectaciones a los derechos de las víctimas”.
Y se hizo preguntas que develan la gravedad del asunto: “¿Por qué se realizó la exhumación de cuerpos que presentaban signos de violencia peri mortem? ¿Se tomó en cuenta la advertencia de la Fiscalía General de la Nación? ¿De qué manera? ¿Qué procedimientos y protocolos se siguieron que puedan explicar la forma en que se adelantaron las tareas? ¿Por qué no se reportó a las autoridades competentes el hallazgo de cuerpos con signos de violencia por arma de fuego? ¿Qué autoridades competentes conocían esta situación? ¿Por qué está situación no fue comunicada a la SARV en el marco de la audiencia celebrada los días 8 y 9 de octubre de 2019, ni en las otras diligencias adelantadas en el laboratorio de la Universidad?”
Esto teniendo en cuenta que el hallazgo de estos tres cadáveres con signos de violencia se realizó por parte de la UIA en un ejercicio de inventario de 27 contenedores con restos óseos en regular estado de conservación (todos adultos), que se realizó entre la semana del 24 al 28 de febrero de 2020, pero de un total de 84 contenedores. Por eso es posible que en ese trabajo se identifiquen más cuerpos con características similares y se inicie el mismo proceso de identificación.
Un proceso que no es fácil de adelantar por el estado actual del laboratorio. Tal es la falta de protocolos de cuidado y conservación que la UIA pidió a la JEP realizar entrevistas al equipo del laboratorio que adelantó las labores de exhumación administrativa de los cementerios La Fortuna, Orobajo y Barbacoas debido a que no se encuentran los contenedores (con restos óseos), ni información que pueda dar cuenta de su actual ubicación en estas instalaciones.
Por esa razón, la Sección de la JEP ordenó prorrogar por 30 días más, a partir del 10 de marzo de 2020, el sellamiento parcial y temporal del Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia, con el fin de que los cuerpos y la información de los mismos sea preservada y conservada hasta que se tomen las medidas necesarias por parte de la UIA y la UBPD, para proceder a la identificación y entrega digna a sus familiares en los casos en que esto sea posible.
Este trámite se realiza a propósito del estudio de medidas cautelares que asumió desde septiembre de 2018 la JEP, por petición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de al menos 17 lugares, ubicados en cinco departamentos, donde se presume que están inhumadas personas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado. En esos lugares están incluidos varios en la zona de influencia del proyecto Hidroituango. Y, de hecho, en la solicitud, en relación con el megaproyecto, el Movice citó que solo los grupos paramilitares han reconocido ante Justicia y Paz que se cometieron más de 1.500 desapariciones en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, donde tendría influencia este proyecto, que no ha entrado a funcionar aún por fallas técnicas.
La historia de exhumación de los cuerpos de Orobajo
La historia de la exhumación de los cuerpos del cementerio de Orobajo, en el municipio de Sabanalarga, en el departamento de Antioquia, la dio a conocer en detalle el abogado de EPM, Álvaro Hernán Giraldo Pérez. En el oficio que remitió por orden de la JEP, Giraldo relata que, desde el año 2015, EPM solicitó el accionar de la Fiscalía “para impulsar procesos de búsqueda y exhumación de restos humanos sin identificar que por causa del conflicto pudieron hallarse en la zona de incidencia del proyecto hidroeléctrico Ituango entre otros, en las localidades de Orobajo y Barbacoas”.
Casi dos años después, en noviembre de 2017, EPM solicitó autorización para exhumar los cuerpos de esos cementerios, asegurando que no están relacionados con investigaciones penales y que la Fiscalía, en cumplimiento de sus labores, “ha adelantado procesos de investigación, prospección, y exhumación de los que tienen relevancia penal”.
Ese mismo mes, EPM invitó a entidades y a Socya, una fundación que celebró un contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Fiscalía General de la Nación para ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango, a una “socialización” de los procesos de exhumación y traslado administrativo de los cuerpos de estos cementerios.
A comienzos de 2018, el Movimiento Ríos Vivos ya alertaba sobre la necesidad de garantías de seguridad para colaborar en el proceso de recuperación de cuerpos, porque para entonces seguía existiendo temor dado que la violencia y el conflicto en la región persistía. Y además le pedía a la Fiscalía “dada la evidencia de cuerpos sin identificar inhumados en el Cañón del Río Cauca” que desarrollara un plan de búsqueda del universo de personas desaparecidas con la participación de los familiares víctimas.
Dos meses después, en abril de 2018, la Procuraduría Regional de Antioquia le contó a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos que, de 730 personas atendidas por esa entidad, durante los días 17 y 18 de abril, ninguna presentó reclamación por el delito de desaparición forzada en los municipios de influencia de Hidroituango.
Así las cosas, el tema siguió avanzando, y en enero de 2019 EPM informó a la Fiscalía y a otras autoridades “la activación de las maniobras de cierre de compuertas de la casa de máquinas y probable reducción del nivel del río Cauca”, con las consecuencias ambientales que el país ya conoce, que terminaron con la suspensión de todas las actividades de construcción, llenado y operación del embalse por parte de la autoridad ambiental.
Y en febrero de 2019, EPM le pidió a la Fiscalía que acompañara la comisión judicial de la zona “a fin de contribuir a los hallazgos de cuerpos en las playas que quedan descubiertas a raíz del caudal bajo del río». Es ahí cuando EPM celebra un contrato con la empresa Integral (empresa de la que también es contratista Socya) para “la prospección superficial, exhumación, clasificación, rotulación e inventario de cuerpos y ceremonias y disposiciones finales de esos cuerpos”. Para ese fin, Integral contrata a la Universidad de Antioquia, a través del equipo del laboratorio de Osteología de la universidad.
En marzo de 2018 se conoció la noticia en medios de comunicación de que EPM había trasladado tres cementerios de la vereda de Orobajo (Sabanalarga), el corregimiento de Barbacoas (Peque) y del poblado La Fortuna (Buriticá), que estaban en la zona del embalse. En ese entonces, la compañía aseguró que se trataba sólo de una actividad que hacía parte del plan de manejo ambiental del proyecto y de una petición de las comunidades para trasladar sus muertos.
Sin embargo, la historia volvió a tomar relevancia durante la audiencia que realizó la JEP en Medellín, los días 8 y 9 de octubre de 2019, para recaudar información en el proceso de medidas cautelares que adelanta este tribunal de paz. En la diligencia, la antropóloga Timisay Monsalve Vargas, fundadora y directora del laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, explicó que en las labores de exhumación recuperó 349 cadáveres en compañía de la comunidad. También explicó que al aceptar la misión asumió que no eran muertos vinculados a la violencia. “Nosotros no estábamos buscando desparecidos, lo que hicimos fue un traslado administrativo que venía dentro de la licencia ambiental de EPM”, dijo.
Con relación a los 182 cadáveres de Orobajo, donde se asentaba principalmente la comunidad indígena Natube, la antropóloga dijo que la comunidad le autorizó la custodia con documentos escritos, dado que no tenían definido a dónde trasladarlos. En la audiencia, los magistrados de la JEP consideran que el traslado de los tres cementerios estuvo lleno de irregularidades y cuestionaron duramente a la profesora Monsalve cuando esta narró que había lavado la ropa de los muertos para que las familias pudieran identificarlos mejor. Porque desde el punto de vista forense eso es una alteración de evidencia.
De esa audiencia, surgió la orden de inspeccionar los cuerpos que reposaban en ese laboratorio. Las labores de inspección las realizó un equipo de la Unidad de Investigación y Acusación (La Fiscalía de la JEP) entre la semana del 24 al 28 de febrero de 2020. «Se verificó un total de 185 contenedores, en los cuales reposan un número indeterminado de individuos pero que se estima, preliminarmente, que pueden ser 182. Esto ya que tres de los contenedores se encuentran rotulados como “dispersos” y contienen múltiples bolsas marcadas con diferente codificación que, de acuerdo con la información aportada por la directora Monsalve, hacen referencia a “las estructuras óseas recuperadas y que fueron asociadas a individuos que se encontraban en tumbas (fosas) cercanas y que, en consecuencia, no necesariamente pertenecerían a los individuos recuperados en tales tumbas”. En resumen, un desorden descomunal que quedó soportado en registros documentales, fotográficos e inspecciones judiciales.
De esos 185 contenedores o cajas con restos óseos, 101 corresponden a personas que no eran adultas. Y 81 cajas contenían restos de adultos a los que se les sumó los tres contenedores con restos dispersos que mencionó la UIA. El análisis de los 101 contenedores de personas menores determinó que “revisando las características más resaltantes a nivel óseo (presencia/ausencia de alteraciones peri mortem)” no presentaban lesiones o signos de violencia y que, por tanto, “sus muertes no se encontrarían asociadas al conflicto armado”. Por esa razón, la Sección de la JEP le ordenó la devolución de la custodia de estos cuerpos al Laboratorio de Osteología Antropológica. Pero otra fue la historia con los contenedores de restos óseos de adultos.
De los 84 contenedores restantes la primera clasificación general encontró lo siguiente: tres contenedores en estado de dispersos (múltiples contextos); doce contenedores con presencia de prendas y objetos; veintisiete contenedores en regular estado de conservación; veintiséis contenedores en mal estado de conservación y dieciséis contenedores en pésimo estado de conservación, sobre las que advirtieron que esta situación podría traer “dificultades para realizar los análisis básicos de perfil biológico (edad, sexo, estatura), las características individualizantes y la presencia de alteraciones de temporalidad peri mortem (alrededor de la muerte)”.
Fue del análisis inicial de 27 de los 84 contenedores de adultos que la UIA encontró tres cráneos con disparos de armas de fuego. Pero el trabajo continúa con las 57 cajas restantes, donde se pueden hallar otros cuerpos con signos de violencia. Por lo pronto, otras de las preguntas que quedas de este primer importante hallazgo es: ¿Por qué EPM dijo que los cuerpos exhumados no tenían signos de violencia si de verdad los tenían? ¿De quién es la responsabilidad de que esto haya sucedido? ¿De la Fiscalía, u otras entidades como la Procuraduría, que dieron vía libre para exhumar estos cuerpos en una zona marcada por la violencia y el conflicto armado como sostienen los testimonios de paramilitares en Justicia y Paz o de los guerrilleros que han sido convocados por la JEP? ¿O del trabajo, celebrado mediante un contrato privado, por el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia?
Los familiares de las víctimas de posible desaparición forzada en la zona de influencia del mega proyecto de Hidroituango siguen a la espera de estas respuestas y de la tarea de identificación de los cuerpos encontrados con signos de violencia que de ahora en adelante tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, de la mano de Medicina Legal.
Tomado de El Espectador
