Este año, la ONG Temblores lanzó la Plataforma GRITA: Grabar, Registrar, Investigar, Triangular y Asistir. Con la herramienta, en lo corrido del año se han registrado 124 denuncias de abuso policial que, preocupantemente, se han incrementado desde que entró en vigor el aislamiento preventivo. La organización manifiesta que las agresiones han estado relacionadas al cumplimiento de las medidas para contener el virus y el aumento de uniformados en las calles.
De acuerdo con Alejandro Rodríguez, Coordinador de la plataforma GRITA, “hay un error de tratar la coyuntura del covid-19 como un caso de seguridad ciudadana cuando es un problema de salud pública. El discurso de declarar la guerra al virus termina teniendo efectos en que algunos crean que en serio es una guerra contra las personas que no cumplan con las medidas”. Bogotá es la ciudad que más denuncias ha reportado por abuso de la fuerza. Allí, entre un total de 75 denuncias sobresalen dos violaciones de las tres reportadas en el país.
Las tres agresiones sexuales fueron denunciadas entre abril y mayo, en plena cuarentena estricta. Por ejemplo, el reporte indica que el 4 de mayo en el sector de San Cristóbal Sur (Bogotá) “un policía engaña a menor de 18 años para que suba a su patrulla. Se alejan 3-6km fuera de la ciudad y el policía abusa sexualmente de la niña. Posteriormente, su tía la acompaña al hospital al notar que había sido víctima de abuso”. El otro hecho se presentó el 4 de abril en Bosa, también en la capital, en donde los policías además de pedirle que se desnudara, también le robaron sus pertenencias.
El 20 de abril, otra mujer fue abusada sexualmente en Cali (Valle), cuando “dos agentes de la Policía abusaron de una mujer dentro de la estación, mientras exigían un soborno por parte del esposo para dejarlos en libertad por haber incumplido la cuarentena”. Según Rodriguez, con las medidas de la cuarentena hay otro agravante: “cuando no había tantas acepciones se da la situación de que las únicas personas que pueden transitar es la Policía, a la vez se reduce la observación ciudadana y no hay tantas personas para vigilar el comportamiento de la Policía”.
La base de datos sobre la violencia policial fue entregada ayer a la Inspección General de la Policía. Con la entrega formal, la organización también le envió un mensaje claro a la institución: investigar los casos reportados durante la pandemia. Rodríguez señala que “al inicio de esta semana nos reunimos con el inspector general de la Policía el general William René Salamanca y se comprometieron a mostrar avances en las investigaciones disciplinarias. A la Defensoría también le entregamos la base de datos”. De acuerdo con el coordinador, el próximo lunes, Temblores entregará el reporte de denuncias al secretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez.
La solicitud no es para menos pues el listado de casos deja expuestas graves violaciones y abusos de fuerza de las que nadie parece salir bien librado. La organización evidenció que la población LGTBI es una de las más afectadas. Según las denuncias, en lo que lleva la investigación de GRITA, 10 casos se han presentado en contra de esta población. Rodriguez comenta que la organización conoció el caso de “unas trabajadoras sexuales transgénero en el barrio Santa Fé (Bogotá) a las que policías les dispararon directamente en sus implantes”.
Además, la organización ha podido identificar que la cuarentena obligatoria se ha convertido en un dolor de cabeza para las personas que por su condición social y económica no pueden cumplir la medida. Es el caso de los habitantes de calle y desplazados quienes, además, en muchas ocasiones no tienen acceso a elementos de protección. Por ejemplo, la base datos indica que “policías retuvieron a un habitante de calle en el CAI de Lourdes (Bogotá), lo desvistieron públicamente y lo bañaron con mangueras en la calle”. Cuatro denuncias de abuso policial recaen en habitantes de calle y vendedoras ambulantes.
Entre los departamentos con la situación más crítica además de Bogotá, se encuentra Antioquia con 12 casos y Valle del Cauca con 7 denuncias. Además, la base de datos también indica que la mayoría de las denuncias, un total de 103, involucran a agentes policiales de diferentes unidades. En diferentes lugares del país, 57hombres y 29 mujeres han denuncia abusos de la fuerza en requisas o manifestaciones que, en el mejor de los escenarios, conllevan a detenciones o multas injustificadas.
Asimismo, 17 denuncias reportan uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios a quienes se les atribuye un ataque con gas lacrimógeno al interior de una vivienda.
El reporte también incluye datos sobre los elementos utilizados en las agresiones. Los más recurrentes son las agresiones físicas producidas por golpes, intimidaciones y amenazas con arma de fuego e incluso, ataques eléctricos. Además, por el incumplimiento a la cuarentena, un policía usó su bolillo en contra de unos adultos que se encontraban con un menor de 18 años. El resultado del altercado ocasionó que el niño de dos años recibiera golpes graves que lo mantienen en cuidados intensivos.
De acuerdo con Rodríguez, durante la reunión, el general Salamanca estuvo dispuesto a escuchar las denuncias y “nos afirmaron que tienen la intención de investigar estos casos y defender los derechos humanos siempre”.
Tomado de El Espectador
