El siguiente es un artículo de opinión escrito por Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos, y que la columnista Cristina de la Torre publica en su espacio del periódico El Espectador este martes 9 de julio. Análisis Urbano lo transcribe en su totalidad.
Insólito. Los ministerios de Ambiente y Minas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las autoridades de Hidroituango, entidades todas del Estado, se declararon inhibidas para adelantar un estudio independiente que definiera si la obra continuaba o no, por el riesgo que presenta para las comunidades y para el país. Por lo visto, el Estado autoriza megaproyectos que, en la eventualidad de una tragedia, no puede controlar. El abandono social y económico de la población del cañón del Cauca aumenta ahora y se proyecta también al territorio.
Por los daños y riesgos derivados de la construcción de la presa, en respuesta a la denuncia penal ambiental interpuesta por las comunidades afectadas, articuladas en el Movimiento Ríos Vivos, y a la denuncia por fraude procesal en cabeza de la propia ANLA contra Hidroituango y EPM, la justicia decretó medidas cautelares. Se creó una mesa técnica que encarara la incertidumbre que nos rodea, desde la cuna misma del proyecto y, en particular, desde abril de 2018, cuando estalló la crisis. Una mesa que le dijera al país si la presa se va a caer o no, y qué riesgo presenta para las comunidades. Aunque la ANLA suspendió la obra en junio del año pasado, EPM continuó con los trabajos. Y miente. Dice que su prioridad somos las comunidades, pero no evacúa las aguas represadas, una bomba de tiempo que nadie controla.
Pero las entidades allí sentadas temen asumir responsabilidades y se declaran en “imposibilidad técnica” de actuar. Mas no le faltó al Ministerio audacia para darle licencia ambiental en tres meses; ni a los constructores para iniciar la obra sin estudios de detalle, sin plan de gestión del riesgo, sin estudio real sobre la población afectada. Olvidan intencionalmente que la emergencia no empezó con la orden del juez, sino hace casi año y medio. EPM no cumplió su obligación de realizar audiencias públicas con las comunidades para que estas conocieran los impactos potenciales antes de iniciar la obra. Salvo una, en Liborina, reducidísima, donde nada pasó.
La ANLA sabía que EPM llenaría el embalse como fuera; sabía que cerrarían las compuertas y matarían miles de peces. Hoy no sabemos qué pasará si tiembla, si no sale el agua por el vertedero, si vuelve a destaparse el túnel colapsado, si el vertedero no aguanta, si las montañas no aguantan, si nosotros no aguantamos más, si las aves y los peces no vuelven, si nos seguimos enfermando, si la vida se sigue cayendo a pedazos.
Ante la falta de estudios serios sobre la viabilidad de la obra y la acumulación de graves errores técnicos que ponen en riesgo a cientos de miles de personas y con grave afectación del ambiente, las comunidades llegamos a una conclusión: Hidroituango debe ser desmantelada en forma controlada, pues el riesgo no desaparecerá.
Más allá de los procesos judiciales, los líderes corremos alto riesgo. Al último ataque a nuestra sede el Estado no responde, la Policía no va. Nos acusan de oponernos al desarrollo; pero no puede haber desarrollo en el hambre, la violencia y la destrucción generada por este megaproyecto. En Colombia están matando a los que proponemos un país distinto. Pretenden asesinar el pensamiento democrático. Y los líderes sociales somos denuncia, convocatoria, ideas para la construcción colectiva, lucha contra la desigualdad y la injusticia. Lucha contra el falso desarrollo de obras como esta de Hidroituango, construida contra el hombre y contra la naturaleza. El río Cauca tiene derecho a correr libremente.
Tomado de El Espectador
