Brasilia, 26 mayo de 2025.– La Fiscalía General de Brasil pidió este lunes a la Corte Suprema la apertura de una investigación sobre la actividad que el diputado Eduardo Bolsonaro realiza en Estados Unidos, que según el propio legislador está dirigida a conseguir la aplicación de sanciones contra autoridades brasileñas.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se licenció de su escaño en marzo pasado, cuando anunció que pasaría un tiempo en Estados Unidos, donde aún se encuentra, con el fin de buscar «justicia» para su padre y referentes de la extrema derecha que responden ante los tribunales por golpismo.
El diputado tiene excelentes relaciones con los círculos de la ultraderecha estadounidense y se ha valido de su acceso al entorno del presidente, Donald Trump, para intentar promover algún tipo de sanciones contra el magistrado Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema y relator del juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro.
El hijo del exmandatario ha publicado numerosos mensajes en sus redes sociales, en los que aparece junto a legisladores del Partido Republicano que califican a Brasil de «dictadura» y que se dicen proclives a promover sanciones contra el juez De Moraes y otras autoridades.
La semana pasada, durante una comparecencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al Parlamento, el diputado republicano Cory Mills le preguntó si el Gobierno de Donald Trump ha considerado la posibilidad de sancionar al magistrado brasileño por supuestas violaciones de los derechos humanos.
«Hay una gran posibilidad», respondió el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, en una escena que Eduardo Bolsonaro ha reproducido en sus redes sociales.
En el documento en que pide investigar el asunto, la Fiscalía dice que «hay un manifiesto tono intimidatorio para quienes actúan (en Brasil) como agentes públicos, de investigación o acusación», así como para los «juzgadores de la acción penal» por golpismo que se sigue contra el expresidente Bolsonaro.
Las «evidencias», según la Fiscalía, «conducen a la hilación de que la búsqueda de sanciones contra miembros del Poder Judicial apunta a interferir en el trámite regular de procedimientos de orden criminal, e inclusive de acción penal, en curso contra Jair Bolsonaro y sus aliados».
Bolsonaro y una treintena de sus más cercanos colaboradores responden ante el Supremo por supuestas conspiraciones para impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, después de su victoria en las urnas en octubre de 2022, cuando derrotó al líder de la ultraderecha, que aspiraba a la reelección.
Según la acusación, esa conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocara al nuevo Gobierno.
EFE