De otra parte, fue imputado un hombre que albergaba a una canina y a sus cachorros en precarias condiciones.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
MEDELLÍN, COLOMBIA (3 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), logró la judicialización de dos hombres en Antioquia por casos de maltrato y tráfico de fauna silvestre y doméstica. En uno de los casos, Santiago O. M. fue imputado por mantener en cautiverio a cinco boas constrictor y una tortuga matamata, especies protegidas de la Amazonía, en una vivienda de Medellín en condiciones no aptas para su conservación.
Los reptiles, que fueron extraídos de su hábitat natural y trasladados en precarias condiciones, permanecían en un espacio inadecuado. Gracias a la intervención de las autoridades, los animales fueron recuperados y entregados a la autoridad ambiental correspondiente. Santiago fue imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y tráfico de fauna.
En un segundo caso, Alexander A. M. fue imputado en Sabaneta, Antioquia, tras ser señalado de albergar a una perra, llamada ‘Sasha’, y a sus cachorros en condiciones deplorables. Tras una inspección realizada por las autoridades el 28 de agosto, se constató que los animales sufrían de desnutrición avanzada y otras complicaciones de salud. Los caninos fueron trasladados a un centro de recuperación integral, y Alexander fue imputado por el delito de maltrato animal.
Ambos casos reflejan el compromiso de las autoridades judiciales y ambientales para proteger la fauna y combatir el maltrato animal en el país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.