CARTAGENA, BOLÍVAR, COLOMBIA (26 JUN 2024) – Un juez de conocimiento de Cartagena ha condenado a Luis Alberto Marrugo Hernández, de 91 años, a seis años de prisión domiciliaria por falsificar la firma de sus familiares para vender una finca familiar de 110 hectáreas ubicada en Turbana, Bolívar. El caso se remonta a octubre de 2009, cuando el condenado cometió varias irregularidades para comercializar el predio.
Detalles del Caso
Marrugo Hernández falsificó las firmas de sus cinco hermanos, uno de los cuales ya había fallecido, para validar fraudulentamente la venta del predio. Con la documentación adulterada, el procesado logró inscribir los documentos a su nombre en la Oficina de Registro Público, haciéndose pasar por el propietario legítimo del inmueble. Posteriormente, vendió la finca a una cementera.
Un fiscal de la Seccional Bolívar demostró que Marrugo Hernández incurrió en el delito de fraude procesal. Las pruebas presentadas evidenciaron que el condenado, de manera dolosa, hizo incurrir en error al registrador de instrumentos públicos para obtener un acto administrativo contrario a la ley.
Además de la sentencia de seis años de prisión domiciliaria, el juez ordenó la anulación de las escrituras públicas fraudulentas y el restablecimiento de los derechos fundamentales de los afectados. Esta decisión garantiza que la propiedad sea devuelta a sus legítimos dueños, restableciendo la justicia y la legalidad en el caso.
La Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso con la lucha contra el fraude y la corrupción, garantizando que se tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar que los responsables de actos ilícitos enfrenten las consecuencias de sus acciones.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
