Un hombre con VIH-SIDA demandó a su empleador, el banco GNB Sudameris, alegando que fue desvinculado de manera injusta. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó que se reintegrara al trabajador en la posición que tenía antes y que se le paguen los salarios y prestaciones sociales que le deben.

En 2008, el hombre empezó trabajando como cajero, cuando el banco todavía era HSBC, pero rápidamente pasó a ser jefe de alistamiento en la entidad. A finales de ese mismo año, le compartió a sus jefes y a sus compañeros que desde el año anterior había sido contagiado con VIH-SIDA. Por eso, como les contó, se ausentaba con frecuencia y sufría malestares constantes. El 27 de diciembre de 2009, fue promovido al cargo de auxiliar de ventas, debido a su “buen desempeño y cumplimiento de metas”. En ese trabajo estuvo hasta 2014.

Cuando el Banco HSBC fue vendido a GNB Sudameris, el hombre pasó a ser analista de riesgo profesional, mientras que sus compañeros fueron trasladados a cargos comerciales. El 31 de agosto de 2014, las áreas administrativas fueron suspendidas y el hombre tuvo que ir a recursos humanos a negociar su despedido. De allí, lo enviaron a la oficina principal del banco, donde le dieron un cargo, en el cual no desarrollaba ninguna actividad, según dijo. El 10 de octubre de 2014, desapareció por completo del banco, casi que sin previo aviso: le quitaron las claves y accesos al sistema.

Cuando llamó a averiguar lo que pasaba, el área de tecnología le comentó que su información no figuraba en la planta del personal. El 29 del mismo mes, la gerente de recursos humanos le dijo “si no le agrada su situación puede hacer la carta de renuncia y recibe una indemnización”. El hombre presentó su renuncia el 31 de octubre y lo llamaron a una audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo para que ratificara su decisión de retirarse de la empresa. “Movido por la depresión —como se lee en la demanda— y convencido de que jurídicamente no podía hacer nada, aceptó la suma conciliatoria”. El hombre recibió así $17 millones tras su salida de la entidad.

El hombre intentó conseguir otros empleos. Repartió hojas de vida, fue a entrevistas y participó de varios procesos de selección. En ninguno quedó. “Cuando se enteran de su enfermedad, no le brindan la posibilidad”, señaló la demanda. El primer juez que recibió el caso le dio la razón al banco demandado y, además, obligó al hombre a pagar los gastos en los que incurrió su contraparte en el proceso.

Esta decisión fue apelada por el hombre. La empresa argumentó que en el momento de la conciliación él no hizo explícito su estado de salud. Según ellos, esto fue lo que, en últimas, hizo que la medida vulnerara los derechos fundamentales del demandante. Sin embargo, en la instancia siguiente se revocó la decisión del primer juez, no se reconoció la conciliación y se le ordenó al banco restablecer el contrato de trabajo reincorporándolo como analista de riesgos operacionales.

Esta última decisión fue la que entró a revisar la Corte Suprema y la reiteró. Ese alto tribunal tuvo la tarea de determinar si el demandante fue discriminado en razón de su estado de salud, siendo presionado sistemáticamente para terminar su contrato y firmar una renuncia. Basándose en las declaraciones de compañeros de trabajo del hombre, los magistrados determinaron que la discriminación, en efecto, existió. Esto se notaba en hechos como que el demandante no tenía funciones asignadas o que, al momento de asignar carnés nuevos, él fue el único que no recibió uno.

Concluyó entonces la Corte que “la conciliación hizo parte de una serie de actos jurídicos que carecían de validez, no porque no pudieran suscribirse en determinada fecha, o no tuvieran la virtualidad de autocomponer disputas laborales, sino porque el consentimiento del trabajador estaba viciado”. Es decir, el dinero que recibió como indemnización fue más una presión final en un entorno de discriminación constante.

Tomado de El Espectador