Cinco hombres armados ingresaron al Centro de Pensamiento de Santiago, del Centro de Justicia de Guambía, uno de los seis resguardos indígenas (Ambaló, Guambía, Kisgo, Pitayó, Quichaya y Tumburao) que existen en el municipio de Silvia, departamento del Cauca, ubicado a 59 kilómetros de Popayán, y facilitaron la fuga de cuatro condenados.

El hecho, denunciado por el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano, Cotaindoc, ocurrió el pasado 18 de septiembre de 2019, siendo las 9 p.m. Según el vigilante del Centro de Justicia de Guambia, los cinco sujetos armados procedieron a abrir las puertas y rutas de acceso, y posteriormente se llevaron a los comuneros Germán Caso Medina, Bernardo Velasco Taquinas, John Harly Encarnación Ocampo y Pedro Calambas, pertenecientes a los Territorios Ancestrales del Resguardo Indígena del Pueblo Nasa de Jambaló, Tacueyó y Resguardo Indígena Guambiano la María.

Cotaindoc lamentó lo ocurrido y lo calificó como un “ataque sistemático en contra de nuestros procesos político organizativo, orientados por nuestras autoridades, comunidades y territorios indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, pues esta acción, planificada, estudiada desde hace un mes aproximadamente y liderada por grupos armados al margen de la ley, quienes de manera atrevida e inconsulta propinaron la fuga de los comuneros, desligitiman lo mandatado por la Asamblea como Máxima Autoridad, que en el marco de Jurisdicción Especial Indígena, Ley Natural, Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio, Usos y Costumbres, orientó que los comuneros debían permanecer en el espacio de armonización cultural, espiritual bajo la figura de “Patrio prestado”, mientras la instancia de Dirección del Centro Penitenciario y Carcelario de San Isidro autorizaba los cupos para los compañeros remediados con condenas que superan los diez (10) años”.

El Consejo agregó que los pueblos indígenas están en el abandono total frente al llamado para fortalecer sus centros de armonización y pidió al Gobierno que investigue estos hechos violatorios de la Jurisdicción Especial Indígena.