A Camilo Rincón López lo atacaron con un cuchillo en su apartamento en Quibdó (Chocó). Le robaron una tablet, su colección de relojes, un computador y dinero en efectivo. Con varias heridas de arma blanca en su estómago, quienes lo atacaron lo cubrieron con una sábana y lo dejaron morir. Esta es la versión que le entregaron sus vecinos a las autoridades en febrero de 2014, luego de hallar el cuerpo del profesor de la Universidad Tecnológica de Quibdó unos tres días después, calcularon los investigadores, después de su muerte.
Este es el caso que referenciaron dos exfuncionarios de la Fiscalía, el exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo y un antiguo agente del CTI, Luis Carlos Gómez Góngora, como una especie de fachada para ocultar varias interceptaciones ilegales. Según su denuncia, las chuzadas tuvieron el aval del exfiscal Néstor Humberto Martínez. El hermano de Rincón López fue quien lo encontró en un grado avanzado de descomposición. Fue él quien tumbó la puerta del apartamento, luego de no tener noticias de Rincón López por más de dos días.
Aunque en su momento, ni la Policía ni sus familiares confirmaron qué le pasó al joven profesor, el periódico El Universal de Cartagena sí logró publicar estos detalles hace cinco años. Con esta investigación abierta, le correspondió a la Fiscalía la tarea de esclarecer quiénes mataron al biólogo. Sin embargo, el caso se desvió. Según los exfuncionarios del ente investigador, las interceptaciones se ordenaron para determinar que el Clan del Golfo tenía algo que ver con el asesinato de Rincón López.
Los detalles de la denuncia de Martínez Lugo y Gómez Góngora se conocieron en la revista Semana. Los periodistas Daniel Coronell y María Jimena Duzán han divulgado los pormenores de esta historia que enreda, no solo al exfiscal Martínez, sino también a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur. En el contenido de las publicaciones también hubo nombres de quienes habrían resultado chuzados. Son excongresistas, negociadores del acuerdo de paz con las Farc y abogados claves en procesos de interés del entonces fiscal.
Algunos de ellos son: Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno Santos, el senador Iván Cepeda, la excongresista Piedad Córdoba y Álvaro Leyva Durán, exsenador que facilitó los diálogos con las Farc. Martínez Lugo y Gómez Góngora agregaron que también se hicieron chuzadas a los abogados de Alex Vernot, Carlos Mattos; al propio Carlos Mattos; del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.
También al exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo; al exdirector del CTI, Julián Quintana; y a Jorge Enrique Ibáñez, presidente del tribunal de arbitramento que declaró nulo el contrato de la Ruta del Sol 2 (por el escándalo de corrupción de Odebrecht). “El objetivo inicial de la investigación, que era el esclarecimiento del homicidio del profesor no se cumplió, pero se utilizó el expediente del homicidio para los fines señalados (chuzar a estas personas) y así mantener y dar apariencia de ilegalidad a las interceptaciones”, se lee en la denuncia de los exfuncionarios de la Fiscalía.
Martínez Lugo y Gómez Góngora agregaron en su carta que las interceptaciones les permitieron mantener controlados a los dueños de los teléfonos, en el caso de De la Calle, Cepeda, Córdoba y Leyva Durán, con el objetivo de encontrar pruebas para vincularlos con el Clan del Golfo. La idea, explican, era probar esos vínculos, judicializarlos y “de paso lograr el desprestigio de los mismos ante la Nación, los países garantes y observadores del proceso y afectar el acuerdo de paz”.
Los denunciantes agregaron que las órdenes para hacer las interceptaciones, que se tienen que conseguir con el aval de un juez de garantías, se lograron engañando a los togados y que lograron varias prórrogas de estos permisos ocultando información. Asimismo, Martínez Lugo y Gómez Góngora agregaron que también se ordenaron seguimientos a los chuzados en Colombia y en otros países. Además, señalaron que todo se hizo bajo la disposición del exfiscal Martínez, “quien recibía informes diarios de las diligencias adelantadas”.
Sobre los demás casos, como el de Carlos Mattos, Alex Vernot y varios que tienen que ver con Odebrecht, los exfuncionarios de la Fiscalía señalaron que la Sala Oro de la Fiscalía fue la encargada de realizar las operaciones ilegales. “Se habían ejecutado interceptaciones a personas que por su perfil y relevancia estaban relacionadas con estos casos de interés del despacho. Las interceptaciones eran sobre blancos como funcionarios públicos de alto nivel del gobierno, abogados litigantes”, dice la denuncia.
Todo esto, agregan Martínez Lugo y Gómez Góngora, lo sabía tanto Néstor Humberto Martínez, como la vicefiscal María Paulina Riveros y las cabezas del CTI. “La orden de interceptación la daba el fiscal Daniel Hernández incluso de manera verbal, sin ningún requisito legal”, resaltaron los exfuncionarios. Martínez Lugo está detenido en mayo de este año dentro del propio búnker de la Fiscalía, y Gómez Góngora ya está condenado a ocho años de prisión por las «chuzadas» desde la Fiscalía.
El exfiscal Martínez señaló, a través de un comunicado de prensa, que, desde el año pasado, la Fiscalía “tiene evidencias probatorias que, desde la cárcel la Picota de Bogotá, un grupo de personas investigadas y judicializadas durante mi gestión, gestaba una conspiración contra el suscrito, apelando inclusive a falsos testimonios (…) Ante el grave peligro de ser víctima fatal de un montaje, solicito a la Fiscalía que concluya lo más pronto posible las investigaciones que se basan en pruebas acopiadas cobre el plan de involucrarme en actividades ilícitas, a través de falsos testimonios”, insistió el exfiscal.
Martínez agregó: “Ojalá las evidencias y grabaciones acumuladas en esta indagación se den a la publicidad, para que se conozca los actores que sirven de determinadores y financiadores de este concierto para delinquir (…) Nunca he oído una conversación de los facilitadores y negociadores del proceso de paz. El general Pérez (Luis Alberto Pérez, director del CTI) podrá corroborar que tal versión es completamente falsa, porque nunca recibí nada de él en estas materias”, agregó.
Por su parte, el hoy fiscal encargado, Fabio Espitia ya anunció que está revisando la legalidad de interceptaciones mencionadas por la revista Semana. Sobre el caso del profesor Camilo Rincón López, sin embargo, pocos son los anuncios y los avances. Lo que sí recalcaron los exfuncionarios es que en el expediente del joven docente, con una maestría en Pesca y Acuicultura de la Universidad de Wageningen (Holanda), están todas las pruebas de las órdenes de estas interceptaciones ilegales, pero poco sobre la investigación por su asesinato.
Tomado de El Espectador
