Tegucigalpa, 22 abril de 2025.– Honduras conmemora este martes el Día Mundial de la Tierra en medio de desafíos ambientales y sociales, con más de 16.000 hectáreas de bosque afectadas por incendios este año, el impacto creciente de la crisis climática y una alarmante violencia contra ambientalistas, con al menos 50 asesinatos desde 2020.
«Conmemoramos un Día de la Tierra experimentando, en los últimos cinco años, altas temperaturas combinadas con olas frías y lluviosas, lo que de una u otra manera impacta la salud de las personas, pero también (altera) los ciclos naturales productivos», afirmó a EFE Betty Vásquez, activista del Movimiento Ambientalista SantaBarbarense (MAS).
Vásquez denunció que la Tierra “está enferma” debido al uso excesivo de agrotóxicos, el monocultivo desmedido y el consumo excesivo de plásticos, y alzó la voz por la crisis ambiental, la protección del medio ambiente y las poblaciones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.
«No podemos afirmar que el cambio climático se va a reducir; por el contrario, su impacto continúa creciendo aceleradamente (…) No queremos adaptarnos al cambio climático, queremos mitigar los impactos», enfatizó Vásquez.
Añadió que este día debe ser una oportunidad para «la reflexión, el replanteamiento, la recuperación, pero también el rejuvenecimiento de nuestras prácticas», a fin de proteger la soberanía alimentaria, especialmente en países como Honduras.
Guardabosques pide actuar ante la crisis
La tierra «está siendo muy amenazada» por los incendios devastadores, las olas de calor cada vez más frecuentes y fenómenos como inundaciones y sequías, declaró a EFE Arnaldo Castro, guardabosques comunitario.
Al hablar del cambio climático, Castro señaló que «ya no podemos predecir con certeza cuándo es invierno o verano. Por eso, todos deberíamos aportar a la solución» de esta crisis, ya sea a través de la educación, la aplicación de las leyes o actividades silviculturales y acciones que contribuyan a la protección del planeta.
Lamentó que cada año Honduras sea golpeada por incendios forestales, en su mayoría provocados por la mano humana y la falta de conciencia sobre la magnitud de la destrucción que causan las llamas.
Violencia impune contra defensores de la tierra
A la crisis ambiental se suma una creciente ola de violencia contra defensores de la tierra. Entre 2020 y lo que va de 2025, alrededor de medio centenar de ambientalistas han sido asesinados en Honduras, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
Uno de los casos más emblemáticos es el de Berta Cáceres, una líder indígena asesinada en 2016 pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cáceres se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, al considerar que amenazaba el medio ambiente y afectaba directamente a las comunidades lencas. Por su asesinato, siete personas han sido condenadas.
Más recientemente, el 14 de septiembre de 2024 fue asesinado Juan López, ambientalista y concejal de la Alcaldía de Tocoa por el gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).
López también coordinaba el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y se oponía al proyecto minero Guapinol, de la empresa Los Pinares, por los daños que —según denunciaba— provoca al Parque Nacional Carlos Escaleras, en el departamento de Colón, en el Caribe.
Frente a este panorama, Betty Vásquez y Arnaldo Castro coincidieron en la urgencia de proteger a los defensores del medio ambiente y de alzar la voz ante la violencia y los riesgos constantes que enfrentan a diario.
Los defensores ambientales viven en «una situación de riesgo» y están expuestos a «amenazas, criminalización, campañas de odio, desprestigio, judicialización y, en muchos casos, incluso la muerte», denunció Vásquez, al señalar la falta de garantías estatales que obliga a muchos a abandonar sus territorios.
La activista advirtió que Honduras sigue siendo un país de «riesgo» para los ambientalistas, debido a la debilidad institucional, la ausencia de políticas públicas eficaces y la falta de voluntad tanto estatal como internacional.
EFE