Río de Janeiro, 25 mayo.- La decisión de mantener en sigilo por cinco años las investigaciones relacionadas con la muerte de 28 personas en un operativo policial en Río de Janeiro fue duramente criticada este martes por Human Rights Watch (HRW), que acusó a la Policía de comprometer el proceso por falta de transparencia.
La violenta acción policial, que tuvo lugar el pasado 5 de mayo en Jacarezinho, una deprimida favela de Río, fue calificada por organizaciones defensoras de derechos humanos como la mayor masacre en la historia de la ciudad, por los abusos cometidos por los uniformados en las nueve horas de intensos tiroteos denunciados por los habitantes de la comunidad.
En medio de la exigencia de explicaciones y de respuestas a las denuncias, la Policía de este estado brasileño anunció hoy que todo lo relacionado con las investigaciones del caso permanecerá en sigilo por cinco años supuestamente para no perjudicar otras operaciones en marcha.
«Existe un claro conflicto de intereses cuando la Policía Civil, que investiga si los propios agentes han infringido la ley, decide ahora declarar confidencial información sobre el operativo por considerar que su publicación puede comprometer la investigación o las actividades de inteligencia», apuntó la HRW en un comunicado divulgado este martes.
«Sin una explicación detallada de las razones concretas que justifican la decisión de clasificar la información como reservada por un período de hasta cinco años, la clasificación parece más un intento de ocultar información de interés público», agregó.
La operación policial causó la muerte de uno de los policías que participaron en ella, mientras que los otros 27 fallecidos eran supuestos integrantes de una banda de narcotraficantes.
Según expertos en seguridad pública, la acción de los uniformados, que se llevó a cabo en momentos en que este tipo de operativos están restringidos por la Justicia en Río de Janeiro, terminó convertida en una «operación de venganza» tras la muerte del uniformado.
De acuerdo con HRW, el derecho internacional estipula que en caso de una supuesta violación de los derechos humanos, la regla es que exista la «mayor transparencia en el acceso a la información, y el secreto debe ser la excepción».
En el caso de Jacarezinho, la organización reiteró que hay evidencias de ejecuciones extrajudiciales, abusos contra detenidos y destrucción de pruebas al sacar cuerpos del lugar de los disparos.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra ya había denunciado su preocupación por posibles intentos de las fuerzas de seguridad cariocas para evitar una investigación independiente de lo ocurrido.
