El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló este sábado que el gobierno nacional debe tomar todas las medidas para garantizar el regreso a Colombia del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien queda en libertad este 6 de septiembre. Jorge 40 se encuentra ya en una prisión de paso, en manos de las autoridades migratorias de Estados Unidos, luego de cumplir una pena de prisión por narcotráfico en ese país.
“Ante la inminente liberación de Jorge 40, Colombia debe agotar todas las medidas disponibles para lograr su retorno a Colombia. Sería una verdadera burla a las víctimas que se repita el fiasco que ha sido hasta ahora el proceso de extradición de Mancuso”, dijo Vivanco en sus redes sociales. El funcionario se refiere al estrellado proceso de extradición que se adelanta en el caso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quien está buscando la forma de ser enviado a Italia y no a Colombia en donde tiene varias cuentas pendientes.
Este sábado el diario El Tiempo publicó una carta enviada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, a la Cancillería el pasado 2 de septiembre que detalla que en esa misma fecha se le informó al Departamento de Estado “la importancia del retorno a Colombia del señor Rodrigo Tovar Pupo” mediante una nota verbal y se señala que es competencia del consulado hacer el respectivo pasaporte a Jorge 40 una vez reciba el requerimiento del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).
Rodrigo Tovar Pupo fue extraditado en mayo de 2008. Empezó en el paramilitarismo en 1996, cuando un general de la primera división del Ejército reunió a miembros de familias importantes de la región nororiental del país para crear grupos de autodefensa. En 1997, Tovar Pupo adquirió el alias de Jorge 40 luego de reunirse con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño en Córdoba para forjar una alianza a nivel nacional de grupos paramilitares. A partir de allí, las masacres, desplazamientos y asesinatos perpetrados por sus hombres dejaron miles de víctimas en medio de una supuesta lucha antisubversiva.
Es responsable de ordenar la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, en donde fueron asesinados 60 personas, provocando un desplazamiento masivo. También se le endilga la masacre de Bahía Portete en La Guajira, que cobró la vida de personas en abril de 2004, y la de de 40 pescadores en Sitio Nuevo, Magdalena, en noviembre de 2000. Jorge 40 fue procesado en Justicia y Paz por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura, desaparición forzada y reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos, entre otros. Posteriormente, Tovar Pupo fue expulsado de esa jurisdicción en 2015.
La Jurisdicción Especial para la Paz negó su sometimiento a esa justicia como excombatiente del conflicto armado y le pidió que le enviara pruebas que acrediten que financió y auspició organizaciones paramilitares desde finales del año 1996 hasta 1998. Esos delitos sí podrían ser juzgados por esa jurisdicción. “Los miembros de las Auc –incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente– pueden comparecer solo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores.”, dijo la JEP en enero pasado.
Tomado de El Espectador
