Caracas, 8 sep – La mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo este domingo que el asilo otorgado por España a su abanderado, Edmundo González Urrutia, «ratifica la grave situación de terrorismo de Estado», a la que -sostuvo- estarían «sometidos» quienes defienden «la voluntad popular».
A través de X, la PUD declaró que el Gobierno venezolano «incrementó de manera brutal la persecución e intimidación» en contra de González Urrutia, quien llegó este domingo a Madrid acompañado de su esposa, Mercedes de González, en un avión dispuesto por el Gobierno español.
Sobre el opositor pesa una orden de captura, tras desatender tres citaciones de la Fiscalía, que lo acusó de varios delitos relacionados con la publicación que hizo la PUD de actas electorales para sustentar su denuncia de «fraude» en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección a Nicolás Maduro.
La coalición afirmó que mantener la libertad de su abanderado, «con plena capacidad de movimiento», resulta «estratégico» para que pueda seguir trabajando «como un solo equipo» junto a la líder antichavista María Corina Machado, quien afirmó más temprano que seguirá luchando desde Venezuela mientras que González Urrutia lo hará «desde afuera».
El bloque antichavista llamó a los venezolanos a mantenerse «unidos y esperanzados» y a seguir «adelante» en el «desafiante camino de lograr que la verdad se imponga» y tener, el próximo 10 de enero, la «juramentación» de su líder como presidente.
Tanto la PUD como Machado defienden la victoria de González Urrutia en las presidenciales, que avalan con el 83,5 % de las actas que aseguran haber recabado a través de testigos y miembros de mesa la noche de los comicios, y que, posteriormente, publicaron en una página web.
El Gobierno insiste en que dichas actas son «falsas», una afirmación que respalda la Fiscalía, y que sirvió para abrir la investigación al opositor, al que acusó de «presunta comisión de delitos de usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros delitos.
EFE