Santiago de Chile, 19 ago – El Gobierno chileno ordenó la expulsión del país del activista mapuche argentino Facundo Jones Huala, comunero que fue extraditado a Chile en enero de este año y que la semana pasada cumplió la condena que tenía por los delitos de incendio y porte ilegal de armas.
Según la prensa local, la orden de expulsión, notificada a su defensa el pasado viernes, fue emitida a través del Ministerio del Interior después de que la Corte Suprema, tribunal que acogió un recurso presentado por la Defensoría Penal Pública, emitiera un dictamen en el que confirmaba que la condena concluyó el pasado 14 de junio.
A la fecha, el lonco (jefe) mapuche argentino se mantiene internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en la región central de la Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, por complicaciones de salud derivadas de una huelga de hambre seca que realizó cuando estaba recluido.
Su estado de salud, dicen medios locales, es grave, considerando la huelga que se extendió por más de 50 días y donde «llegó a perder más de 20 kilos de peso corporal».
Desde que recibió la notificación, su defensa tiene 10 días hábiles para apelar a la resolución, que en caso de ejecutarse implicaría una prohibición de ingreso a Chile durante los próximos 20 años.
Jones Huala fue condenado el 21 de diciembre de 2018 en Chile por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal cometidos en 2013 en el fundo Pisu Pisué de Río Bueno; cuatro año después, en enero de 2022, le fue concedida la libertad condicional, decisión que fue revocada en febrero del mismo año.
Por su incomparecencia ante los tribunales chilenos, la Justicia emitió una orden de detención. Finalmente, el entonces líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue detenido el 30 de enero del pasado año en la localidad de El Bolsón, en la sureña provincia argentina de Río Negro, situada en la frontera con Chile.
Desde mediados de 2022, en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío, en el sur de Chile, rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso, herramienta que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
En la zona existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los territorios que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía”, y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios; además, el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.
EFE