Quito, 19 ago – Organizaciones ecologistas exigieron este lunes a las autoridades de Ecuador la eliminación de las concesiones mineras de los mapas del Chocó Andino, una zona de alta biodiversidad de Quito, en cumplimiento con la consulta popular realizada hace un año que prohibió la minería en ese sector.
Así lo expresaron este lunes representantes de organizaciones que forman parte del colectivo Quito sin Minería en una rueda de prensa, donde también demandaron a la Corte Constitucional que ejerza su poder de vigilancia y exija a las autoridades el cumplimiento del mandato popular.
El 20 de agosto de 2023, la población de Quito, con un 68 % de apoyo en una consulta popular, decidió prohibir la explotación de minería metálica en las 124.000 hectáreas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, compuesta por las parroquias rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.
Ivonne Ramos, miembro de Acción Ecológica, expresó que este mandato se ha cumplido sólo de manera parcial, y que sigue siendo necesario que el Ministerio de Energía y Minas actualice y publique la información sobre el estado de las concesiones mineras en la zona.
Además se necesita proceder con la revisión de todas las concesiones mineras y la confirmación de que no se renovarán aquellas que ya caducaron o que no cuentan con la pertinente licencia ambiental.
Ramos también exigió a la Corte Constitucional que garantice el cierre de estos proyectos mineros y la reparación ambiental integral de los territorios donde actuaron.
Cuando se ganó la consulta, el Ministerio ya tuvo que eliminar las concesiones que se encontraban en trámite, pero aún restan otras 10.000 hectáreas, de las cuales la mitad estuvieron siendo operadas por las empresas de Melina Chango, Enami y Ecuamin, según Ramos, de «manera ilegal».
Entre las concesiones restantes quedan algunas que, según explicó Ramos, se renovaron de «manera ilegal», otras a las que se les acabó el plazo de su concesión y ya deberían salir del mapa minero o las que no cuentan con las licencias ambientales correspondientes.
Destacó también la existencia de otras pequeñas concesiones que tienen que, paulatinamente, irse cancelando porque tendrían que renovar su acuerdo. Sin embargo, tras la consulta popular, la Corte Constitucional prohibió que se abran o firmen nuevos contratos.
Delia López, miembro del Frente Antiminero de Pacto, habló de la persecución y las amenazas a las que se enfrentan, sobre todo, las personas que están al frente de esta lucha.
A su vez, mencionó la minería ilegal que se está produciendo en la zona, donde, asegura, por la noche sacan a escondidas el material.
Javier Guamán, miembro de la organización Quito sin minería, quien el viernes pasado participó en una reunión donde también estuvieron presentes el Ministerio de Energía y Minas y el de Ambiente, entre otros, aseveró que todavía no ven “una voluntad de hacer cumplir este mandato popular de la mayoría de los quiteños”.
“Necesitamos un señalamiento explícito y concreto de estos ministerios de que queda totalmente prohibida toda nueva concesión”, dijo Guarán.
Por su parte, Esteban Barriga, un joven miembro de Quito sin minería, declaró que la victoria en la consulta popular y la prohibición de la minería en el Chocó abren las puertas a la esperanza y a la posibilidad de que se dé un modelo económico sostenible que se transmite de generación en generación en la zona.
“Este espacio de activismo articula a jóvenes que creen en un modelo posextractivista y les da voz”, expresó Barriga.
EFE