Budapest/Varsovia, 11 diciembre.- Los gobiernos de Polonia y Hungría celebraron este viernes como un éxito propio el acuerdo en la cumbre europea sobre los presupuestos comunitarios 2021-2027 y el plan de reconstrucción poscovid, que ambos habían amenazado con vetar.
Los dos Ejecutivos, de corte ultraconservador y nacionalista, se habían mostrado dispuestos a bloquear el vital paquete económico, de más de 1,8 billones de euros, por su rechazo frontal al denominado mecanismo de condicionalidad, un instrumento «ad hoc» que liga el desembolso de los fondos con el respeto al Estado de derecho, un punto por el que han sido cuestionados en los últimos años.
Finalmente, con la mediación de la canciller alemana, Angela Merkel, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, se alcanzó un compromiso que permite a todas las partes cantar victoria y, lo más fundamental, que empiecen a fluir los fondos europeos a los países más afectados por la crisis del coronavirus.
El hecho es que Hungría y Polonia han acabado aceptando el texto que rechazaron hace diez días y el propio mecanismo de condicionalidad, a cambio de una serie de requisitos en su funcionamiento y el recurso a la Justicia comunitaria.
PREPARANDO LA PRECAMPAÑA
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha logrado su principal objetivo: entrar en la precampaña para las elecciones de 2022 sin recortes de los fondos europeos ni juicios por la situación del Estado de derecho en su país.
«No tendrá problemas hasta las elecciones. Orbán logró lo que quería y él puede comunicarlo como una gran victoria», explicó a Efe Péter Krekó, director del centro de estudios Political Capital.
Orbán, en el poder desde 2010, busca en 2022 su tercera reelección consecutiva y precisa para ello fondos comunitarios y evitar conflictos con Bruselas que puedan erosionar su popularidad, en riesgo ya por la gestión de la crisis del coronavirus, explicó Krekó.
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, aseguró por su parte que el acuerdo incluye «todas» las condiciones puestas por Varsovia, especialmente la «clara distinción» entre los procedimientos políticos y las cuestiones presupuestarias.
En su caso, Morawiecki se anota una victoria en un momento de debilidad, cuestionado por su gestión de la pandemia y por las protestas en torno a una sentencia que restringe el derecho al aborto en el país, además de por las fracturas internas en la coalición de Gobierno.
Pero no ha tenido éxito en este último punto. Zbigniew Ziobro, ministro polaco de Justicia y líder del socio minoritario de la coalición, Solidarna Polska, ha criticado frontalmente el acuerdo, asegurando que se oponen a él porque «amenaza la soberanía nacional», lo que cuestiona la continuidad del Ejecutivo polaco.
Para Krekó, el acuerdo es positivo, aunque tiene un precio, que «las prácticas autoritarias de ciertos países» sean «tratadas como un atributo de éstos que no puede ser cambiado».
La ministra húngara de Justicia, Judit Varga, recordó en declaraciones a la radio pública «Kossuth» que en juego estaba mucho dinero, una cuestión clave en toda esta polémica porque Budapest y Varsovia son receptores netos de fondos europeos.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Frente a los mensajes de victoria de Orbán y Morawiecki, las oposiciones en Hungría y Polonia han criticado a sus gobiernos, acusándoles de haber acabado cediendo tras semanas de confrontación con el resto de socios europeos.
«Orbán se quedó callado», aseguró el eurodiputado del Partido Socialista húngaro, István Újhelyi, al recordar que pese a lo que haga creer el primer ministro a su población, se ha aprobado el mecanismo de condicionalidad que rechazaba Orbán.
El portavoz del mayor partido de la oposición, la izquierdista Coalición Democrática, Balázs Barkóczi, opinó que la cumbre de Bruselas significó para Orbán una «derrota histórica».
«Orbán y la maquinaría de propaganda del Fidesz (su partido) tuvieron un día muy cómico: tras una derrota histórica anunciaron su victoria», concluyó el eurodiputado.
