Un grupo de organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó advirtieron este domingo al Gobierno colombiano sobre el «inminente riesgo» de que ocurra una nueva masacre en el municipio de Bojayá, que en el 2002 vivió una de las matanzas más cruentas del conflicto armado colombiano.
La denuncia fue hecha en Bojayá, que hace parte del departamento del Chocó, justo el día en el que la población comenzó a darle la despedida final a las víctimas mortales de esa masacre.
«Cuando las comunidades afros e indígenas en el municipio de Bojayá nos disponemos a recibir los restos mortales de nuestros seres queridos que fueron vilmente masacrados el fatídico 2 de mayo de 2002 (…) se ciernen nuevamente hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos», afirmó el sacerdote Sterling Londoño, de la Diócesis de Quibdó.
Así lo hizo al leer una carta que fue firmada por la Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) y la Mesa Indígena del Chocó.
EL RECUERDO DE UNA MATANZA
En el comienzo del velatorio -al que asisten los habitantes de Bojayá, el Gobierno, la ONU y representantes de la comunidad internacional- el sacerdote Londoño pidió voluntad política al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, para que haya garantías de no repetición, pues la masacre de 2002 fue una de las más cruentas del conflicto armado colombiano.
Los familiares dan el último adiós a muchos de los que murieron aquel 2 de mayo de 2002 cuando una bomba lanzada por las FARC durante un combate con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo y mató a al menos 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos.
LA CEREMONIA
Casi un centenar de féretros, 49 cafés donde están los cuerpos de los adultos y 50 blancos en los que se encuentran los de los menores, fueron traslados a primera hora desde el auditorio de Bojayá, en el los fiscales y los forenses le explicaron la semana pasada a los familiares cómo fue el proceso de identificación, al polideportivo de esa población.
Allí se adecuó un altar improvisado en el que sobresale el «Cristo Mutilado», como se le conoce al Cristo de Bojayá que perdió piernas y brazos en la explosión, y guardado durante varios años hasta que fue restaurado y en 2017 bendecido por el papa Francisco cuando visitó Colombia.
En el escenario deportivo, los familiares también instalaron un cartel gigante en el que se leía «Las víctimas de Bojayá, descansen en paz» y debajo de él pusieron los féretros, cada uno de los cuales lleva un portarretrato con los nombres de los fallecidos y algunos de ellos con fotografías de los que murieron en la matanza.
La ceremonia comenzó con una eucaristía oficiada por monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, quien estuvo acompañado por el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, y el sacerdote Jesús Albeiro Parra Solís, que en la época de la matanza era el director de la Pastoral Social, entre otros.
ACTORES ARMADOS
Por otra parte, las comunidades denunciaron en su carta que luego de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 el espacio que dejaron las FARC fue ocupado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que «se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil».
«De la misma manera el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales (como el Clan del Golfo), quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos», añadieron.
En ese sentido, Londoño explicó que la Defensoría del Pueblo ya ha emitido dos alertas tempranas y cinco informes de consumación de riesgos en los que advierte de la preocupante situación en Bojayá, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. ha informado de violaciones contra la población étnica.
PRESENCIA ARMADA EN LAS POBLACIONES
Los grupos criminales, explicó Londoño, están en los centros poblados «imponiendo control social, político, territorial y económico», especialmente paramilitares «que se abastecen por el río Atrato», el principal afluente del departamento.
«Todo esto ocurre bajo la mirada impávida del control de la fuerza pública en el bajo y medio Atrato», añadió.
Es por ello que pidieron a Duque que implemente el acuerdo de paz de manera «oportuna e integral, especialmente en lo relacionado con el capítulo étnico y brinde garantías constitucionales al pueblo afro e indígena de Bojayá».
EFE
