Bolívar, Colombia, 22 febrero de 2025.- Jueces de control de garantías, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, impusieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a tres hombres que habrían estado involucrados en el porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de Cartagena.
Capturas e incautaciones en allanamientos
Durante dos diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en los barrios Los Cerezos y El Reposo, fueron capturados en flagrancia:
- Camilo Andrés Pérez Castellón
- Ender Manuel Soto Mejía, alias Pata, Mañe o Perro
En estos operativos se incautaron:
- 7 kilos de marihuana
- 482 gramos de cocaína
- Tres armas de fuego
- Dos proveedores
- 57 cartuchos
Ambos procesados fueron imputados, de acuerdo con su grado de participación, por los delitos de:
- Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
- Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Tercera captura por narcotráfico en Olaya Herrera
En una diligencia de allanamiento y registro llevada a cabo en el barrio Olaya Herrera, fue capturado José María de Ávila Gómez, a quien se le hallaron:
- 50 paquetes rectangulares con 49 kilos de marihuana.
De Ávila Gómez fue imputado como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Situación judicial de los procesados
Ninguno de los acusados aceptó los cargos formulados por fiscales de la Seccional Bolívar. Las medidas de aseguramiento en centro carcelario se mantendrán mientras avanzan los procesos judiciales.
Esta información se publica por razones de interés general.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.