VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (13 FEB 2024) – John Steven Caicedo Estupiñán y Jeisson Manrique Leyva han sido enviados a prisión preventiva por su presunta implicación en la incineración de un taxi en el sector de las piscinas olímpicas de Tuluá, Valle del Cauca, ocurrida el pasado 10 de febrero. Un juez de control de garantías accedió a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento contra ambos individuos.
Según el reporte de las autoridades, los sospechosos huyeron del lugar de los hechos en una motocicleta y durante su fuga, se toparon con un control policial. En ese momento, presuntamente dejaron caer una botella con gasolina. Manrique Leyva se lanzó del vehículo siendo capturado inmediatamente, mientras que Caicedo Estupiñán continuó hasta refugiarse en una vivienda cercana, lugar desde donde fue detenido poco después por la policía.
Entre los objetos incautados a los detenidos se encontró un artefacto similar a una bomba molotov y ropa impregnada de gasolina, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Adicionalmente, dos adolescentes de 14 y 17 años, presuntamente involucrados en el incidente y que se movilizaban en otra motocicleta, también fueron aprehendidos.
El fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a Caicedo Estupiñán y Manrique Leyva por los delitos de terrorismo, incendio y uso de menores para la comisión de delitos, cargos que no fueron aceptados por los acusados.
En cuanto al adolescente de 17 años, este fue aprehendido y se le imputaron los delitos de terrorismo e incendio. A diferencia de los adultos, el menor aceptó los cargos y se le impuso una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
