Casi que a diario los colombianos nos despertamos con un nuevo padecimiento del cáncer sin fin de la corrupción, fenómeno criminal que lamentablemente parece haber hecho metástasis en nuestra sociedad y que, como la mortal enfermedad, corroe lentamente todas las esferas públicas y privadas. Por ahora, parece casi imposible encontrar una solución eficaz para esta funesta problemática, más aún, cuando la impunidad se pasea rampante entre los resquicios siniestros del poder.
La corrupción se manifiesta de múltiples maneras, muchas de ellas usadas desde tiempos remotos por nuestra dirigencia política con el fin de perpetuarse en el poder. Dentro de dichas prácticas se destacan el clientelismo y el tráfico de influencias, la primera de ellas, como su nombre lo indica, está orientada a generar una «clientela» política, a través de la cual se cambian votos por puestos burocráticos y contratos con el Estado; la segunda se puede definir como la intermediación ante y entre funcionarios públicos, con el fin de favorecerse a sí mismo o a terceros cuya contraprestación será el apoyo electoral a su benefactor. Es así como los partidos políticos garantizan en parte su permanencia en las diferentes esferas gubernamentales.
Concomitantemente con lo anterior, preocupa sobremanera la posición que asumen los ciudadanos frente a algunas de las prácticas corruptas de los políticos, que en muchos de los casos consideran normal, e incluso, se benefician tanto del clientelismo como del tráfico de influencias, sin importar que con su actuación acentúen los graves problemas estructurales por los que atraviesa el país. En definitiva, es una faceta más del perverso sistema económico que nos rige y en el que «todo vale» con tal de sobrepasar a quienes nos rodean y adquirir el estatus económico y social que nos haga visibles en un mundo donde se precia más el tener que el ser.
Asimismo, se puede afirmar que la corrupción se ha pavoneado por todas y cada una de las ramas del poder público, así como por la gran mayoría de instituciones del Estado. En lo referente a la rama judicial, ha socavado incluso la moralidad y la transparencia del máximo órgano de dicho poder público, como es la Corte Constitucional. Valga recordar el bochornoso escándalo del hoy exmagistrado Jorge Pretelt, quien es acusado de recibir un soborno de 500 millones de pesos para favorecer a un tercero en un trámite de acción de tutela. Igual ha ocurrido con la corrupción en la Fiscalía General de la Nación, máximo órgano investigador del país, cuyo último incidente es realmente inadmisible, al ser capturado el fiscal anticorrupción por recibir un soborno de un exgobernador de Montería, quien precisamente era investigado por actos ilícitos durante su administración.
Del lado del legislativo y el ejecutivo el panorama no es menos desolador, dichas ramas del poder público se han visto inmersas en escándalos como el de la parapolítica, la financiación ilícita de campañas electorales, cuyo primer capítulo se encuentra en el proceso 8000 y hoy se ratifica con el ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas electorales de 2010 y 2014, e igualmente con los casos de la DNE, Agro Ingreso Seguro, Reficar, Navelena, y otros tantos que son de conocimiento de la opinión pública nacional. Igual perspectiva encontramos en departamentos y municipios. Al parecer, la corrupción es inherente a la actividad de gran parte de la clase política colombiana. En lo referente a los entes territoriales se destacan en corrupción Chocó, La Guajira, el llamado «carrusel de la contratación» de Bogotá, por mencionar solo algunos pocos.
Más preocupante aún es que de esta espiral de podredumbre no se escapan ni siquiera los órganos de control, donde se destacan casos tan emblemáticos como el de la excontralora Sandra Morelli, quien afronta un proceso penal en su contra, como consecuencia de las irregularidades en la firma de un contrato de arrendamiento para la sede de la entidad que dirigía: o el caso del exprocurador Alejandro Ordoñez, destituido de su cargo por una serie de maniobras ilegales, conocidas como el «yo te elijo, tú me eliges», para lograr la reelección en su cargo.
De igual manera el sector privado no se encuentra exento de actos de corrupción, casos como el de Interbolsa, Estraval, DMG, Saludcoop, por mencionar solo unos pocos demuestran que el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en la sociedad colombiana. El afán de lucrarse económicamente a cualquier costo ha ocasionado sucesos tan lamentables como el de los prestadores privados de servicios públicos, como la salud, donde se han visto afectados millones de colombianos, especialmente de escasos recursos.
No obstante lo expuesto hasta ahora, lo más preocupante frente al fenómeno de la corrupción es, sin duda, la impunidad, que tal como se expresa en el título del presente escrito, al parecer es directamente proporcional al nivel de la corrupción, es decir, a mayor corrupción , mayor impunidad. Lo anterior se demuestra con la celeridad de los procesos en el caso de funcionarios de rango bajo o medio, donde las capturas y las condenas responden al promedio de las que se presentan en otro tipo de delitos; sin embargo, en el caso de los altos dignatarios del Estado, entiéndase presidentes, expresidentes, ministros y exministros, contralores y excontralores generales de la República, procuradores y exprocuradores generales de la Nación, entre otros, los avances de los procesos son mínimos, cuando no inexistentes; por ello se hace necesario que la sociedad civil exija resultados contundentes en las investigaciones que se adelantan en contra de estos funcionarios de alto rango y en caso de existir mérito suficiente, reciban un castigo ejemplar.
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