Caldas, Colombia, 5 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Caldas, imputó al alcalde de Pensilvania, Caldas, Jesús Iván Ospina Atehortúa, por el delito de violación del régimen de inhabilidad e incompatibilidades.
La decisión también cobija a Jorge Enrique Zuluaga Ospina y Laura Rosa Zuluaga Ospina, primos del mandatario, quienes habrían sido beneficiados con ocho contratos adjudicados entre 2017 y 2019, cuyo valor total superaría los 630 millones de pesos.
Contratos irregulares y favorecimiento familiar
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Caldas estableció que el alcalde habría firmado:
- Dos contratos en 2018 y 2019 con Jorge Enrique Zuluaga Ospina, propietario del supermercado La Canasta de Pensilvania, por un valor superior a 23 millones de pesos. El objetivo de estos contratos era la compra de insumos para el Centro Vida del municipio y la dotación de restaurantes escolares.
- Seis contratos entre 2017 y 2019 con Laura Rosa Zuluaga Ospina, representante legal y propietaria de la Ferretería Popular de Pensilvania, cuyo valor superó los 607 millones de pesos. Estos contratos estaban relacionados con obras de infraestructura como el mantenimiento del Coliseo Deportivo de Pensilvania, la prevención de desastres, el mejoramiento del alumbrado público y el suministro de materiales de construcción para viviendas.
La Fiscalía continúa con el proceso para determinar las responsabilidades penales y administrativas de los implicados.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.