Por este mismo caso se encuentran vinculados al proceso el exsecretario de planeación y el exasesor jurídico.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
HUILA, COLOMBIA, (2 SEP 2024) – José Sevel Castro Tovar, exalcalde del municipio de Aipe (Huila), fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La imputación también incluye a Sergio David Ramos Garzón, exsecretario de planeación, y Alfonso Quimbaya Beltrán, exasesor jurídico del municipio, quienes están presuntamente implicados en actos de corrupción relacionados con la adjudicación de un contrato en 2019.
La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Huila, reveló que durante la administración de Castro Tovar se suscribió un contrato por 10.000 millones de pesos para la construcción de viviendas de interés prioritario en la urbanización Las Marías Etapa II. Según la Fiscalía, dicho contrato no cumplía con los requisitos legales necesarios para su ejecución.
Adicionalmente, se sospecha que los implicados conformaron un grupo de constructores de proyectos de vivienda de interés social, seleccionando arbitrariamente a solo tres oferentes. Estos fueron elegidos mediante un sorteo, lo que vulneraría el principio de libre concurrencia, selección objetiva y transparencia en la contratación pública.
Durante las audiencias preliminares, ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.