Imputan a exsecretario de Cultura de San Andrés por contrato con avances aparentemente mínimos

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Foto extraída de elextra.co

SAN ANDRÉS ISLA, COLOMBIA (22 AGO 2024) — La Fiscalía General de la Nación imputó a Federico Lever Gasca, exsecretario de Cultura de la Gobernación de San Andrés Isla, por su presunta responsabilidad en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Este proceso se relaciona con aparentes irregularidades en la suscripción de un contrato destinado a la construcción del Centro de la Cultura Hípica de la isla, en diciembre de 2017, por un valor de 14.700 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, Lever Gasca habría elaborado, estructurado y tramitado los estudios previos de la contratación sin cumplir con los principios esenciales de economía y planeación. Las investigaciones revelaron que no existieron estudios que permitieran conocer los valores y cantidades necesarias para la ejecución de la obra, la cual alcanzó un avance de tan solo el 0.31%.

Además, se determinó que no se contaba con los permisos y licencias ambientales requeridos, lo que resultó en una sanción impuesta por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).

Durante las diligencias judiciales, Lever Gasca negó su responsabilidad en los hechos imputados por la Fiscalía. Por estos mismos hechos, ya habían sido procesados el exsecretario de Infraestructura de la Gobernación, Alejandro Lozano Bowie, y el contratista Andrés Sanmiguel Castaño.

A.U.

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La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.