Otro exfuncionario y un excontratista de la administración municipal también fueron vinculados a la investigación. El proceso contractual cuestionado se habría tramitado durante el periodo de Ley de Garantías y desconocido varios requerimientos legales.
Antioquia, Colombia, 11 de abril de 2025.- La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales al exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; al exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y al excontratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos, por su presunta participación en anomalías detectadas en un contrato interadministrativo firmado a finales de junio de 2023.
El contrato, por un valor de 16.000 millones de pesos, fue suscrito entre el 28 y 29 de junio de ese año por la Secretaría de Movilidad y delegó en la empresa Metroplús la ejecución de obras civiles como demolición de estructuras, excavaciones, adecuación de andenes y bahías, mantenimiento vial y rehabilitación de corredores en los barrios Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal (comuna 10 de Medellín).
Sin embargo, según la Fiscalía, estas labores debían ser adelantadas por la Secretaría de Infraestructura Física, con el apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros, dado que la Secretaría de Movilidad no tiene competencias para gestionar obras civiles de esa naturaleza. Su función se limita a tareas de semaforización y señalización vial.
En el curso de la investigación, el ente acusador determinó que el proceso fue tramitado bajo la modalidad de selección directa, sin apertura de una licitación pública, y sin un análisis riguroso del sector ni la debida justificación del presupuesto. Además, se evidenció que el contrato se firmó durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que prohíbe a ciertos funcionarios la celebración de convenios administrativos en los cuatro meses previos a elecciones.
La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que indican que López Giraldo habría intervenido activamente en la elaboración del estudio previo, la matriz de riesgos y el cargue del proceso en SECOP II, utilizando su rol como funcionario de la Secretaría de Infraestructura. Por su parte, Ortega Mateos, como contratista del ITM, habría brindado apoyo técnico y logístico para la firma del contrato por parte de la Secretaría de Movilidad.
El caso sigue en etapa de imputación y hace parte de los esfuerzos de control institucional sobre la contratación pública en época preelectoral.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.