La incautación evitó un grave riesgo para más de tres millones de personas
Ipiales, Nariño. 27 de Junio de 2025. –En una operación decisiva contra el terrorismo, tropas del Ejército Nacional incautaron más de 3,8 toneladas de explosivos en el municipio de Ipiales, Nariño. Esta acción frustró la fabricación de al menos 38.000 minas antipersonal, con las que el grupo armado organizado residual Comandos de Frontera pretendía atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.
Según el medio del Ejército Nacional de Colombia. El hallazgo fue posible gracias a labores de inteligencia militar. Los soldados del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 3, adscritos a la Vigésima Tercera Brigada, localizaron un inmueble en zona urbana que funcionaba como depósito de materiales explosivos. En el lugar encontraron 31.000 metros de mecha de seguridad, 800 kilogramos de mezcla explosiva industrial, 19.000 detonadores comunes, 3.500 metros de cordón detonante y 2.500 kilogramos de explosivos tipo emulsión.
Este arsenal representa una amenaza directa a la vida de más de tres millones de personas. Además, el uso indiscriminado de estos artefactos constituye una violación grave a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Por tal motivo, ya se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales.
En el sitio, el Grupo MARTE del Ejército Nacional aplicó los procedimientos técnicos establecidos para destruir de forma segura los explosivos, evitando riesgos para la comunidad.
Con este resultado, el Ejército debilita de manera contundente las capacidades logísticas de los grupos armados ilegales en el suroccidente del país. Asimismo, fortalece su presencia institucional para garantizar la protección de la vida, la seguridad de la población y el restablecimiento del orden en Nariño.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.